El pasado 9 de septiembre fueron asesinados 10 jóvenes en las protestas contra el abuso policial que cobró la vida de Javier Ordóñez. Desde entonces, no se ha esclarecido la totalidad de los hechos ni sus presuntos responsables como lo ha denunciado el Concejal del Partido Alianza Verde, Julián Rodríguez Sastoque.
Bogotá D.C. 9 de marzo 2021.
Hasta el momento, tres policías han sido imputados por su presunta responsabilidad en la muerte de 4 personas en las protestas del 9S. Sin embargo, no se conoce ningún avance para determinar la responsabilidad de la cadena de mando en los episodios de violencia y abuso policial que caracterizaron esos hechos.
Hasta el momento, tres policías han sido imputados por su presunta responsabilidad en la muerte de 4 personas en las protestas del 9S. Sin embargo, no se conoce ningún avance para determinar la responsabilidad de la cadena de mando en los episodios de violencia y abuso policial que caracterizaron esos hechos.
En primer lugar, el concejal Rodríguez Sastoque recordó que hace más de un mes denunció que oficiales y suboficiales incluso de alto rango hicieron presencia en los CAI de Verbenal y La Gaitana, entre los que se encuentran dos coroneles. Hasta el momento no ha existido ningún pronunciamiento ni de la Fiscalía, en la parte penal, ni de la Procuraduría, en el ámbito disciplinario. En total 7 oficiales y 11 suboficiales fueron denunciados por el concejal para que se esclarezca su presunta responsabilidad penal y disciplinaria.
Además de todo lo anterior, el concejal de la Alianza Verde reveló que 87 uniformados gastaron munición durante la noche del 9 de septiembre y están siendo investigados, sin embargo, solo hay resultados parciales en 12 casos. Lo más alarmante es que la Fiscalía solo tenía en su poder 37 armas para investigar a inicios del mes pasado.
Al preguntar sobre antecedentes disciplinarios de esos 87 uniformados investigados por gasto de munición en esas fechas, la MEBOG advierte que 44 de ellos, es decir más de la mitad, tienen investigaciones por hechos anteriores o diferentes a los del 9 y 10 de septiembre.
Las familias se sienten revictimizadas: precisamente el 9 de diciembre, cuando algunos de ellos se presentaron ante el Concejo para expresar su dolor y su clamor de justicia, denunciaron que hay uniformados implicados que siguen en servicio activo cerca a los barrios donde se presentó la masacre.
Lamentablemente, la impunidad es la regla en estos casos. En una investigación de La Silla Vacía en noviembre de 2020 se encontró que no hay una sola condena por las cerca de 7.500 denuncias de abuso policial que se han presentado desde 2016. Por su parte, la ONG Temblores destaca en su último informe que el porcentaje de investigaciones por casos de violencia física reportados por medicina Legal no llegan, ni siquiera, al 3%.
Todo esto ante los ojos indiferentes del Gobierno Nacional y del Congreso de la República que no han tenido iniciativa para hacer una reforma policial de fondo, que proteja los derechos humanos y que restablezca la confianza que con sobradas razones ha perdido de la ciudadanía.