En el marco de la discusión del proyecto de jurisdicción agraria, el Representante Alejandro García Ríos, del Partido Alianza Verde, lanzó una serie de denuncias contra el Gobierno nacional, el Ministerio de Agricultura y entidades adscritas como el ICA y la Agencia Nacional de Tierras (ANT).
Dutrante la conversación, el representante cuestionó la forma en que el Gobierno ha tramitado la Jurisdicción Agraria. “Este Gobierno se acostumbró a transar con congresistas en lugar de concertar y llegar a acuerdos, incluso en temas tan sensibles como la Jurisdicción Agraria”. Además, mencionó que se ignoraron proposiciones técnicas sugeridas por la Corte Suprema de Justicia, relacionadas con mecanismos de mediación, conciliación, principios, transiciones y revisión de conflictos de competencia.
Como segunda denuncia, García alertó sobre acuerdos politiqueros promovidos desde el Ministerio de Agricultura. “No puede ser que se nos diga que el ICA ‘es de tal partido’. Eso no es así. Hay sectores políticos que participan, pero las entidades del Estado no pueden convertirse en moneda de cambio para presionar el voto de congresistas independientes”, afirmó, denunciando además una politización creciente del ICA y de la Agencia Nacional de Tierras en los territorios.
Por otra parte, enfatizo en la responsabilidad directa de la dirección de la ANT. “Bajo la cabeza de Felipe Harman, la Agencia es una entidad ineficiente, con una burocracia desbordada. En Risaralda, por ejemplo, se superan los 60 contratistas, y a nivel nacional, como lo ha denunciado el periodista Aurelio Suárez, por cada peso destinado a compra de tierras se gastan $1.22 pesos en burocracia”, recordó, citando además investigaciones periodísticas que evidencian el uso de la entidad para favorecer aliados políticos.
Finalmente, mencionó la facultad que el proyecto otorga a la ANT para ejercer funciones judiciales o jurisdiccionales. “Es un verdadero elefante en la sala. Se le están dando poderes judiciales a una entidad que no tiene capacidad administrativa, está profundamente politizada y muestra resultados muy pobres”.
Finalmente, mencionó la facultad que el proyecto otorga a la ANT para ejercer funciones judiciales o jurisdiccionales. “Es un verdadero elefante en la sala. Se le están dando poderes judiciales a una entidad que no tiene capacidad administrativa, está profundamente politizada y muestra resultados muy pobres”.