Bogotá, 18 de junio de 2026
La representante a la Cámara Olga Lucía Velásquez, coautora del Proyecto de Ley 521, celebró la aprobación en el Congreso de una iniciativa que reconoce la bonificación judicial como factor salarial para efectos prestacionales y beneficiará a cerca de 37.000 servidores judiciales en Colombia. La propuesta pasa ahora a sanción presidencial.
La iniciativa corrige una situación que durante años afectó a funcionarios de la Fiscalía General de la Nación, la Rama Judicial, la Justicia Penal Militar y otras entidades del sector justicia. A partir de esta ley, la bonificación judicial será reconocida como factor salarial para la liquidación de prestaciones sociales, garantizando un cálculo más justo de sus beneficios laborales.
Con la aprobación de esta ley, prestaciones como primas, cesantías y demás beneficios laborales serán calculadas sobre una base salarial más acorde con los ingresos reales de los trabajadores judiciales, garantizando un trato más justo y equitativo.
“Miles de funcionarios recibirán un trato más justo gracias al Proyecto de Ley 521. La bonificación judicial contará para liquidar prestaciones sociales. Hacer justicia con quienes administran justicia también es construir un mejor país”, afirmó la representante Olga Lucía Velásquez.
La congresista destacó que este reconocimiento fortalece los derechos laborales de quienes desempeñan una labor fundamental para el funcionamiento del Estado de Derecho y para garantizar el acceso de los ciudadanos a la justicia.
Además del impacto positivo para los servidores judiciales, la nueva legislación contribuirá a brindar mayor seguridad jurídica en materia laboral. El Consejo Superior de la Judicatura resaltó que la norma permitirá superar vacíos legales que han generado múltiples controversias y reducirá el número de litigios relacionados con esta bonificación.
Actualmente existen cerca de 10.000 procesos judiciales en curso asociados al reconocimiento prestacional de este beneficio, situación que podría disminuir significativamente con la entrada en vigencia de la nueva ley.
Para la representante Olga Lucía Velásquez, la aprobación de esta iniciativa constituye un importante avance en la dignificación de las condiciones laborales de miles de trabajadores del sistema judicial colombiano y en el fortalecimiento de las garantías para quienes tienen la responsabilidad de administrar justicia en el país.