En el marco de la función de control político del Congreso de la República, senadores y representantes de partidos políticos independientes y de oposición elaboraron un informe sobre las cifras de la implementación del Acuerdo de Paz a dos años del Gobierno Duque.
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En materia de violencia, el informe señala un aumento en el asesinato de líderes sociales, de confinamientos y desplazamientos forzados; frente a la reparación de víctimas y dotación de tierras, se encontró que nos tomaría 43 años indemnizar a todas las víctimas y que solo se está cumpliendo con un 0,08% de lo que se debería estar haciendo al año para cumplir con la meta de 3 millones de hectáreas entregadas en 12 años a campesinos.
Frente a la estabilización de los territorios, sólo se está ejecutando al año el 1,52% del presupuesto en los municipios PDET; en reincorporación, el 71,3% de los excombatientes no se encontraba vinculados a un proyecto productivo desembolsado por el Gobierno Nacional; y en materia de sustitución de cultivos ilícitos, tomará 139 años para que el total de las familias que optaron por la sustitución concertada cuenten con un proyecto productivo.
Los firmantes del informe son: Juanita Goebertus, Angélica Lozano y Wilmer Leal de la Alianza Verde; Iván Cepeda, del Polo Democrático; Roy Barreras, John Jairo Cárdenas y John Jairo Hoyos, del Partido de La U; Temístocles Ortega y José Daniel López, de Cambio Radical; Carlos Ardila, Guillermo García Realpe y Luis Fernando Velasco, del Partido Liberal; y Ángela María Robledo, de la Colombia Humana.
A partir del seguimiento a la implementación de los Acuerdos y luego de 16 visitas a los territorios más afectados por la guerra y la pobreza en estos dos años, estos son los principales hallazgos:
- De las 107 leyes que se necesitan para la implementación, solo 66 han sido expedidas, de las cuales solo 4 han sido en el Gobierno de Iván Duque. El punto del Acuerdo más rezagado es el de la Reforma Rural Integral, con solo 15 de las 36 leyes que se identificaron como necesarias.
- Para lograr el cumplimiento de las metas del Acuerdo, se deberían estar ejecutando por lo menos $4,67 billones al año en los municipios más afectados por la guerra y la pobreza. Actualmente, solo se está ejecutando al año el 1,52 % de lo que se necesita para cumplir con el Acuerdo de Paz. A este ritmo, tardaríamos más de 40 años en mejorar las condiciones de estos municipios con la implementación de los PDET.
- De la fuente de regalías que corresponde a paz, que se denomina Asignación Paz, solo el 51,7% se está dirigiendo a los municipios PDET. El 18,3% va dirigido a municipios Zomac y el 29,9% a otros municipios, en abierta violación de los establecido en el artículo 2 y 3 del Decreto Ley 413 de 2018 y el artículo 2 del Decreto 1426 de 2019.
- Según la Defensoría del Pueblo, desde la firma del Acuerdo Final hasta el 30 de abril de 2020 fueron asesinados 515 líderes sociales; para Indepaz, esta cifra asciende a 971 líderes con corte al 15 de julio de 2020. Con los datos de la Defensoría, el 55,7% de estos homicidios se concentra en cinco departamentos: Cauca (23,3%); Antioquia (13,7%); Norte de Santander (6,6%); Valle del Cauca (6,4%) y Putumayo (5,6%). Al comparar los últimos 4 años corridos hasta el mes de abril, 2020 es el año más violento para los líderes sociales en el país.
- Según Indepaz, desde el 24 de marzo, día en el que inició la cuarentena por causa de la pandemia del COVID-19, han sido asesinados 79 líderes sociales. El 30,3% de estos homicidios han tenido lugar en el departamento del Cauca.
- 16.190 personas han sido desplazadas a lo largo de este año y el 36% de esta población permanece fuera de su lugar de origen. Al comparar esta cifra con la reportada durante el primer semestre de 2019, en lo corrido de 2020 ha habido un aumento del 96,8% de personas desplazadas.
- Un total de 48.202 personas han sido confinadas en lo que va del 2020. El 65,8% de los afectados son de la región del Catatumbo, en el marco del paro armado. En lo corrido de 2020 ha habido un aumento de este flagelo del 226,2% y en tan solo seis meses ya se superó por un 70,3% el total de personas confinadas durante todo 2019.
- De las hectáreas del Fondo de Tierras dispuestas, 25.615,1 ha. han sido entregadas por este Gobierno y, de acuerdo a la ANT, 317 hectáreas han sido para campesinos en beneficio de 923 familias de 8 distintos municipios. Esta cifra de entregas a campesinos equivale a 0,34 hectáreas por familia, aproximadamente y a un 0,08% de lo que deberíamos estar haciendo al año para cumplir con la meta de 3 millones de hectáreas entregadas en 12 años.
- El 42% de los municipios PDET tiene riesgo de fraude y violencia electoral, mientras que a nivel nacional esta cifra corresponde al 14%. Además, el 70% de los municipios del país con riesgo extremo son PDET: La subregión Chocó tiene el mayor porcentaje de municipios con riesgo (93%).
- Con corte a julio de 2020, el 71,3% de los excombatientes no se encontraban vinculados a un proyecto productivo desembolsado por el Gobierno Nacional en virtud de las disposiciones del Acuerdo Final, lo que representa un avance de 1,5 puntos porcentuales frente a lo reportado en enero de este año.
- Desde el inicio del proceso de dejación de armas, hasta el 13 de julio de 2020, los asesinatos de excombatientes ascienden a 210. Preocupa que desde el 24 de marzo, día en que inició la cuarentena general por causa de la pandemia del COVID-19, 18 firmantes del Acuerdo han sido asesinados.
- El Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito (PNIS) ha avanzado de forma lenta. Preocupa que a más de tres años de su implementación, tan solo el 2,1% de las familias vinculadas cuenten con proyecto productivo; de seguir con el mismo ritmo, tomará 139 años que el total de las familias cuenten con un proyecto productivo.
- El promedio anual de víctimas indemnizadas del 2012 al 2019 fue de 103.536. En lo que va del 2020, la Unidad de Víctimas ha entregado 72.539 indemnizaciones. Si se continúa con esta tendencia en el segundo semestre del 2020, el número de personas indemnizadas por año subiría en 40,1%, al compararlo con el promedio anual de los años anteriores. A pesar de esta mejora, nos tomaría 43 años indemnizar a todas las víctimas.