Después de un año de la implementación de la ley de compras públicas de alimentos, las entidades del Estado no están ayudando a comercializar productos locales en sus regiones.
Según la FAO, el mercado especializado en atender las necesidades de compra de las entidades estatales en Colombia está avaluado en cerca de $2,5 billones anuales. Aunque la agricultura familiar produce el 70% de los alimentos del país, apenas el 3% se comercializa sin intermediarios.
El 6 de agosto de 2020 se aprobó la Ley 2046 que establece mecanismos para promover la participación de pequeños productores locales agropecuarios y de la agricultura campesina, familiar y comunitaria en los mercados de compras públicas de alimentos. La precandidata presidencial y senadora Sandra Ortiz, fue coautora y ponente de esta iniciativa. Sin embargo, después de un año de su implementación y tras haber realizado varias mesas de seguimiento a la adopción de esta iniciativa, se ha podido validar que las entidades del Estado no están realizando compras a pequeños y medianos productores locales en sus regiones.
“Después de haber sufrido los estragos de esta pandemia, los campesinos siguen siendo golpeados por la crisis económica. Este sector ve con preocupación que sus productos no son una opción en las compras públicas locales. Hoy, los agricultores pequeños y medianos comerciantes tienen muchas dificultades para llegar a los mercados de manera directa, pues sigue la intermediación. Tampoco han recibido asistencia técnica que les permita mejorar su producción, calidad y productividad y poder capacitarse en procesos contractuales. Esto genera miedo a la hora de asociarse para vender sus alimentos”, aseguró la senadora Ortiz.
Por esta razón, se citó a Debate de control Político en la Comisión Quinta de Senado a la Mesa Técnica Nacional de Compras Públicas Locales de Alimentos creada en el artículo 5 de esta ley, como instancia articuladora y reguladora, para que entregue un informe de gestión e indique cuáles mecanismos han implementado para garantizar la participación del 30% de los campesinos, pequeños y medianos productores locales en las entidades territoriales y departamentales.
Las compras locales son un gran aliado para el desarrollo económico y agropecuario de las regiones. Entre los principales beneficios de esta iniciativa, están: incentivar la comercialización de los productos locales, superar la crisis económica del campo, dinamizar la generación de empleo, promover los hábitos de alimentación saludable y de alimentos frescos, garantizar el acceso a alimentos autóctonos y facilitar el desarrollo de proyectos de responsabilidad social, dinamizando la formación de circuitos campesinos.
Según la Organización de la Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO, por sus siglas en inglés), el mercado especializado en atender las necesidades de compra de las entidades estatales en Colombia está avaluado en cerca de $2,5 billones anuales. Aunque la agricultura familiar produce el 70% de los alimentos del país, apenas el 3% se comercializa sin intermediarios. Habiendo una oportunidad de inversión y crecimiento enorme para el campesinado en Colombia.
Desde el Congreso hacemos un llamado para exigir el cumplimiento de la ley y su implementación de esta norma sancionada por el Gobierno Nacional. Los campesinos necesitan integrarse a un mercado formal, registrarse ante las entidades correspondientes de manera simple y rápida, obteniendo seguridad en sus ingresos y recibiendo asistencia técnica para vender sus productos. Así mismo, que los pequeños productores agrícolas y pecuarios se integren a una base de datos que permita conocer sus servicios.
El debate de control político al seguimiento de la ley de compras públicas se realizará mañana miércoles, 15 de septiembre a las 9:30 de la mañana en la Comisión Quinta Constitucional del Senado de la República y fueron citados el Ministro del Interior, Daniel Palacios; el Ministerio de Agricultura, Rodolfo Enrique Zea; la Ministra de Comercio, Industria y Turismo, María Ximena Lombana; la Presidenta de la Agencia de Desarrollo Rural, Ana Cristina Moreno, entre otros representantes de entidades públicas.