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Aprobado en el congreso el proyecto que acorta los tiempos de respuesta de los derechos de petición en el país

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La iniciativa fue presentada por nuestra Representante a la Cámara Juanita Goebertus, con el ánimo de que volviera a la normalidad este derecho, que fue por decreto presidencial duplicado en tiempo de respuesta durante la pandemia.

Algunos de los motivos para impulsar la iniciativa se basaron en:
 
  • El ejercicio del derecho de petición refleja también el ejercicio del derecho al acceso a la información pública y es una manifestación del sistema democrático, que permite a la ciudadanía ejercer veeduría sobre los recursos públicos, al periodismo informativo tener datos de primera mano para dar a conocer, y a la rama legislativa hacer un buen ejercicio de control político.
 
  • La Liga contra el Silencio[1] estableció que entre 2017 y 2019, 30 entidades estatales y particulares que manejan recursos públicos violaron el derecho al acceso a la información vía derecho de petición en 9.263, según información de la Defensoría del Pueblo. Aunque no hay datos sobre las vulneraciones en este año de pandemia aún, la Liga señaló algunas preocupaciones sobre la situación de las respuestas a los derechos de petición en el marco del aislamiento:
 
  • El ejercicio de la labor periodística se debilita: si antes la entrega de información era lenta, ahora nunca llega.
 
  • Organizaciones que trabajan temas de migración y refugio también han visto las dificultades para resolver temas relacionados con el status migratorio de las personas y otros asuntos que tocan los derechos fundamentales de poblaciones vulnerables.
 
 
  • Por otra parte, la Procuraduría también coincide en la restricción desbordada de esta medida. Expidió un informe sobre el estado de los derechos en estado de emergencia en enero de 2021, en donde señala como una de las normas que restringió el derecho fundamental de acceso a la información pública, al Decreto Legislativo 491.
 
  • Por otro lado, la FLIP documentó respuestas comunes que dan las entidades a los periodistas cuando se solicita información pública en la pandemia a los periodistas. Advierten que estas restricciones al acceso a información actualizada conllevan a un monopolio de la información y a la “opacidad del Estado frente a la atención de la emergencia”. Si esto ocurre frente a la información de interés general más solicitada (lo relacionado con la pandemia), ¿qué se podría esperar del resto de información?
 
 
 
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