- Este proyecto era fundamental para romper efectos intergeneracionales de la prisión.
- Fue aprobado por el Consejo de Política Criminal y por unanimidad en la Plenaria de la Cámara de Representantes.
Con estas objeciones, el Gobierno pide que estas medidas diferenciales para mujeres cabeza de familia privadas de la libertad no se aplique al hurto agravado, al concierto para delinquir o al narcotráfico, desconociendo lo que dice el Consejo de Política Criminal donde ellos mismos tienen voz y voto, y además dejaría por fuera de la aplicación al 91% de las mujeres que están privadas de la libertad por este tipo de delitos.
También, el Gobierno se opone a que se aplique en penas entre 6 y 8 años, a pesar de que la Fiscalía apoyó esta propuesta que venía del CICR e insiste en que se amplíe a padres cabeza de familia.
Daremos la pelea en el Congreso de la República.
¿De qué se trata el proyecto?
Busca que las mujeres cabeza de familia que están privadas de la libertad, puedan sustituir esa sanción que tienen con un trabajo social.
Viene del trabajo académico de la Universidad Javeriana, del CICR y del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE) en México que ha demostrado que los hijos de las mujeres que están en prisión terminan en desescolarizados, consumo problemático de drogas y alcohol y vinculándose a ciclos de criminalidad.