Nos preocupa la inseguridad de nuestro departamento y el país; por ello, en las instalaciones de la Dirección Nacional Anti-Secuestro y Anti-Extorsión del Gaula de la Policía Nacional, nos reunimos con el Coronel Giovanni Cristancho Zambrano, para evaluar la actual crisis de seguridad que viven miles de familias por el significativo aumento de secuestros y extorsiones en el país.
La pandemia nos dejó un incremento inusitado de delincuencia digital, con delitos que van desde suplantación de organismos de seguridad, de grupos armados, extorsión clásica, digital y de falso servicio para secuestrar y estafar. Todos estos delitos, alimentados por entornos digitales, avivados por el uso excesivo de redes o ingeniería sociales, facilitan a delincuentes el acceso a información, con participación de un alto número de reos que cuentan con estructuras criminales desde las cárceles, afectando a comerciantes, transportadores, microempresarios y personas naturales, vulnerando derechos fundamentales y la tranquilidad de ciudadanos y sus familias.
Todos estos delitos convergen en una sim card. No hay delito en nuestro país que no use como materia prima el uso de un chip celular, por falta de regulación de la telefonía, poniendo en jaque nuestra sociedad.
Los colombianos necesitan el respaldo del Congreso, para que regule la venta indiscriminada de las sim card, con el propósito de enfrentar al crimen organizado que violenta la integridad de los ciudadanos. Hoy existen inmensos vacíos para investigar estos delitos y judicializar a los delincuentes, que gracias a esta situación encuentran en la extorsión y el secuestro, inmensas sumas de dinero.
Vamos a trabajar desde la Cámara de Representantes, con un equipo de Congresistas, para legislar y hacer posible el empadronamiento de las sim card, regulando su uso por medio de datos biométricos que permitan brindar a las autoridades herramientas para la investigación y judicialización de delincuentes que hasta ahora han encontrado en la extorsión y el secuestro, un lucrativo “negocio” que les deja más de dos billones de pesos cada año.
