Senador Antonio Sanguino alza su voz de protesta por los asesinatos de líderes en el país.
Son malos los augurios. Este comienzo de año presagia para el 2019 un agravamiento de la situación de derechos humanos en todo el país. Un líder diario asesinado en distintos lugares fue el sangriento reporte en los primeros seis días de enero. Gilberto Valencia, asesinado el 1 de enero en Suarez (Cauca); Jesus Adier Perafán el 2 de enero en Caicedonia (Valle del Cauca); el 4 de enero asesinaron a Wilmer Antonio Miranda en Cajibio (Cauca) y José Rafael Solano Gonzales en el bajo Cauca; el 5 de enero Wilson Pérez Ascanio en Hacarí (Norte de Santander) y el 6 de enero Maritza Quiroz Leyva en Santa Marta.
Sabemos que no es un fenómeno nuevo. Es la continuidad de una cadena de asesinatos que algunos se atreven a comparar con el genocidio contra la Unión Patriótica de la década de los ochenta. Según un informe de Indepaz, Marcha Patriótica y la Cumbre Agraria entre el 1 de enero al 17 de noviembre de 2018 fueron asesinados 226 líderes sociales y defensores de derechos humanos en 112 municipios del país. Tampoco es solamente una herencia del Gobierno Santos. El mismo informe señala que durante los primeros 100 días de la Presidencia de Ivan Duque se registraron 120 líderes asesinados.
Con toda razón los defensores de los Acuerdos entre el Estado Colombiano y las FARC afirman que el exterminio de los líderes sociales es un crimen contra La Paz. Constituye un incumplimiento del punto 3.4 del Acuerdo Final que establece un "Acuerdo sobre garantías de seguridad y lucha contra las organizaciones y conductas criminales responsables de Homicidios y masacres, que atentan contra defensores/as de derechos humanos, movimientos sociales o movimientos políticos, que amenacen o atenten contra las personas que participen en la implementación de los acuerdos y la construcción de La Paz, incluyendo las organizaciones criminales que hayan sido denominadas como sucesoras del paramilitarismo y sus redes de apoyo". Incumplimiento documentado por el IEPRI de la Universidad Nacional, que registra entre la firma del Acuerdo de Paz el 24 de noviembre del 2016 hasta el pasado 31 de julio, 257 líderes asesinados, mientras Indepaz contabiliza, entre enero y noviembre del 2018, el asesinato de 92 exguerrileros de las FARC.
De suma gravedad son las explicaciones del Gobierno Nacional, tanto el anterior como el actual. Simplistas, irresponsables y revictimizantes. Luis Carlos Villegas, Ministro de Defensa de Santos se atrevió a decir que todo era "líos de faldas". Guillermo Botero, recién posesionado en la cartera de Defensa de Duque se apresuró a decir que la protesta social era financiada por bandas ilegales. La Fiscalía General de la Nación ha insistido en que no existe un patrón de sistematicidad en los asesinatos de los líderes, inclinándose por la hipótesis de que todos son casos aislados. Y hasta los voceros del Uribismo afirman sin rigor alguno que todo es producto del narcotráfico.
Es probable que esto no ocurra en virtud de un plan pistola diseñado y ejecutado desde las más altas esferas de la derecha extrema o desde la contrainsurgencia ilegal. Pero a la Fiscalía y al Gobierno le corresponden informar si estamos en presencia de un fenómeno de violencia que incorpora rezagos de la contrainsurgencia paramilitar, ahora ejecutado por bandas crimínales interesadas en frenar la movilización ciudadana por la restitución de tierras, en contra de la minería ilegal o de grandes proyectos mineros en los territorios. Y establecer qué relación guarda este entramado con economías ilegales ancladas en territorios en disputa de los poderes armados ilegales que llegaron primero que el Estado a copar las regiones abandonadas por las FARC, luego de su desmovilización. O que articulaciones y reacomodos de control armado territorial se están produciendo que inciden en esta oleada de violencia criminal contra nuestros líderes.