Para el Congresista Toro, el Gobierno Nacional en cabeza del Ministerio de Salud, está incumpliendo el mandato que el Congreso emitió, y por el contrario,, pretenden implementar la resolución 810 que es contraria a la ley, confundiendo a la industria nacional, lo que las haría incurrir en sobrecostos millonarios, mientras la salud de los ciudadanos es la que paga los platos rotos.
Para el citante del debate, el Congresista Mauricio Toro, la gran conclusión del debate al Ministro de Salud, Fernando Ruíz es que este Gobierno antepuso los intereses de la industria y de la Andi por encima de los intereses de la salud pública de los colombianos.
“Lo más grave de todo es que el Ministro Ruíz, sin pena alguna anunció que el etiquetado no entrará en vigencia en agosto, sino hasta diciembre; lo cual es totalmente contrario a la Ley de Comida Chatarra. Vamos a analizar qué acciones jurídicas interponer, pero este Gobierno no puede descaradamente desconocer la ley y sus mandatos”. Enfatiza Toro
La Ley 2120 de 2021, más conocida como Ley de Comida Chatarra, recibió sanción presidencial el 30 de julio del año pasado. En el parágrafo cuarto, del artículo 5 de la Ley 2120, el Congreso de la República le ordena al Gobierno nacional, que, a través del Ministerio de Salud y Protección Social, en un plazo máximo de un año contado a partir de la promulgación de la ley, reglamente lo dispuesto en dicho artículo sobre etiquetado frontal de advertencia.
Sin embargo, han pasado 304 días y aún el Gobierno Nacional no sólo no ha reglamentado lo dispuesto en la Ley, sino que, además, antes de que esta Ley fuera aprobada en su último debate, el Ministerio de Salud y Protección Social emitió una resolución de etiquetado, que llevaba más de dos años engavetada, y que beneficia a la industria y no a los ciudadanos.
Para el Representante Toro: “El etiquetado ya lo implementó Perú, Chile, Ecuador y cientos de países en el mundo, tal como lo ordena la OMS y la Ops y aquí el Gobierno está dilatando, dando mensajes erráticos para que se adopte un etiquetado contrario a la ley, confuso y poco efectivo, haciéndose el de la vista gorda, frente a lo que ordena el Congreso lo cual de por sí ya es grave”
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