● Por tercera vez, la senadora Angélica Lozano y el representante Mauricio Toro, del partido Alianza Verde, radican proyecto de ley que busca promover, proteger y garantizar la efectividad de los derechos de los contratistas para que tengan un trato digno y justo.
● La iniciativa incluye, entre otros puntos, garantías de no terminación anticipada en condiciones especiales de salud como embarazo o lactancia, el disfrute de 12 días de descanso por año de servicio o proporcional al término pactado en el contrato, y que los contratantes los afilien a un plan de caja de compensación que les ofrezca acceso a beneficios mínimos.
Los contratos de prestación de servicios en Colombia se han convertido en la manera de evadir el esquema de protección social de los trabajadores o en la forma de contratar sin unas garantías mínimas que atentan contra la dignidad humana. Ante este panorama, la Senadora Angélica Lozano y el Representante Mauricio Toro construyeron este proyecto de ley que busca establecer medidas que protejan y dignifiquen al contratista de prestación de servicios en el sector público, desincentivar y eliminar el encubrimiento de las relaciones laborales bajo la modalidad de contratación de prestación de servicios y reforzar e incentivar la modernización de las plantas de personal del Estado.
“Enmascarar contratos laborales mediante la figura de prestación de servicios resta beneficios y condiciones óptimas para los trabajadores. Es por eso que presentamos este proyecto para frenar tales abusos. Buscamos desincentivar y eliminar el encubrimiento de las relaciones laborales bajo esta modalidad de contratación y reforzar e incentivar la modernización de las plantas de personal del Estado”, explica Lozano.
“Los contratos de prestación de servicios en Colombia se han convertido en la manera de evadir el esquema de protección social de los trabajadores o en la forma de contratar sin unas garantías mínimas que atentan contra la dignidad humana. Esperamos que el Congreso, de una vez por todas, legisle a favor de los contratistas, pues ya es la tercera vez que lo radicamos”, señala Toro.
La iniciativa, en esencia, busca brindarles garantías mínimas a los contratistas. En primer lugar, se propone una cláusula penal en favor del contratista en caso de que se le incumpla su contrato. “Se apoya el concepto de estabilidad ocupacional reforzada, desarrollado por la Corte Constitucional; no se puede terminar un contrato a un contratista que se encuentre en situación de debilidad manifiesta por su estado de salud, por ejemplo”, señala el proyecto.
El proyecto también propone “desincentivar y eliminar el encubrimiento de las relaciones laborales bajo la modalidad de contratación de prestación de servicios y reforzar e incentivar la modernización de las plantas de personal del Estado”.
Para su coautor, el Congresista Toro: “Con este proyecto no se modifica en absoluto la figura de prestación de servicios, lo que se busca es proteger y garantizar por parte del Estado beneficios que hoy no tienen como que el Fondo Nacional del Ahorro les abra una línea especial de crédito para vivienda y financiación y que ellos puedan ahorrar voluntariamente. Adicionalmente que puedan ejercer el derecho de asociación y no ser obligados a participar en actividades con fines electorales ni apoyar a ningún candidato”.
Asimismo, que las entidades del Estado definan “topes máximos para la contratación por prestación de servicios, la cual debe guardar coherencia con su nómina de trabajadores so pena de sanciones”. La idea es que las entidades del Estado reduzcan estas vinculaciones de personas a través de la modalidad de prestación de servicios.
Según una investigación realizada por la Universidad de los Andes y publicada en noviembre del 2019 “en promedio, ser contratista disminuye 37 por ciento el salario bruto mensual devengado con respecto a tener un cargo de planta”.
A su vez, según la Organización Internacional del Trabajo, “los datos de empleo de la última década reflejan el aumento en la proporción de personas contratadas por Órdenes de Prestación de Servicios (OPS) por año de inserción al mercado laboral en el sector público. Mientras que dentro del grupo de quienes ingresaron al mercado laboral en 2007 solo el 20 por ciento se vinculó mediante un contrato OPS; en 2017 esa proporción se elevó al 70 por ciento”. Este tipo de contratación podría traer efectos negativos como la falta de continuidad de políticas, patronazgo político, la alta rotación de personal y la atracción de personas no motivadas al servicio público.
El proyecto seguirá su curso en la Comisión Séptima de Cámara de Representantes.
OTROS PUNTOS CLAVE:
Los honorarios de los contratistas deberán ser equiparables a los salarios de funcionarios de planta.
● No podrán terminar anticipadamente a mujeres embarazadas, en licencia de maternidad/paternidad ni en enfermedad
● Se garantizará que los contratistas puedan tener incapacidades médicas en caso de enfermedad, así como un periodo de vacaciones, sin que sufran descuentos o sanciones de los honorarios.
● Se simplifica el proceso de radicación de cuentas de cobro. La entidad no podrá exigir documentos que sean expedidos por la misma entidad, o firmas de funcionarios internos.
● Si la prestación del servicio debe realizarse en las instalaciones de la entidad, estas deberán proveer los elementos personales como computador. No podrán exigir que el contratista lleve sus propios equipos
● Los contratistas podrán acceder a los beneficios y eventos ofrecidos a los empleados internos de la entidad.