A cinco años de la firma del Acuerdo de Paz, la representante que fue asesora de la delegación del gobierno Santos en las conversaciones con las antiguas Farc hace un balance crítico de los resultados obtenidos tanto en los últimos meses de la anterior administración como en los tres años de Duque. Sobre el jefe de Estado y sus actos y decisiones, afirma que siente “mucha tristeza porque ha estado preso del espejo retrovisor”.
El expresidente Santos dijo esta semana que “duele ver a Iván Duque haciendo el oso en Naciones Unidas”. Se refería a las frases del jefe de Estado, en la Asamblea General de la ONU, sobre un “Acuerdo de Paz frágil” y sobre “los progresos significativos” de esta administración en su implementación, en contraste con el gobierno anterior. ¿Qué piensa usted sobre el uno y el otro?
A mí me da mucha tristeza oír al presidente Duque, preso del espejo retrovisor, a meses de terminar su mandato ante la ausencia de un legado propio y todavía dedicado a justificar, ante la comunidad internacional, sus diferencias con el anterior gobierno. El jefe de Estado ha sido, además, incapaz de entender las gravísimas consecuencias de seguir apostándole a la batalla del micrófono con Venezuela, en lugar de promover una diplomacia profesional, y de insistir en pedir corresponsabilidad en la batalla contra las drogas mientras persiste en retomar la aspersión aérea con glifosato. Creo que el mandatario dilapidó, en tres años, la estatura que había adquirido Colombia en el escenario internacional.
¿Cuál es, según su opinión, la “estatura” actual de Colombia?
Para nuestro país no es nada fácil lograr la atención del mundo frente a asuntos tan graves como la pandemia, la crisis climática o los populismos políticos en varios continentes. Tristemente Colombia dejó de ser centro de atracción internacional por la decisión de este gobierno de abandonar la defensa del Acuerdo de Paz, lo cual nos sustrajo del interés global que el proceso había despertado. Hoy volvemos a ser noticia, pero por casos de violencia policial y de homicidios de líderes sociales.
Duque también afirmó que el Acuerdo tuvo “fragilidades” como el hecho de que el jefe negociador de la guerrilla se hubiera rearmado. ¿Qué responderle si es cierto que Márquez está, hoy, por fuera y combatiendo al Estado?
El propio gobierno Duque reconoce que de los 13 mil excombatientes que dejaron las armas, el 93 % está cumpliendo su proceso de reincorporación. La decisión de Márquez de volver a la guerra es una traición al Acuerdo, pero de ninguna manera puede ser usado como excusa para culpar a la administración Santos de una supuesta fragilidad del pacto cuando a lo largo de este cuatrienio el presidente se ha dedicado a oponerse a aspectos fundamentales del proceso como las objeciones a la Ley Estatutaria de la JEP, entre otros, lo cual ha minado la confianza de la ciudadanía, de las víctimas y de los excombatientes.
El calificativo que Duque siempre le añade a la palabra “paz” cuando la menciona: “Con legalidad”, indica, aunque sin explicitarlo, que lo que pactó el gobierno Santos con la exguerrilla fue “ilegal”. Puesto que usted hizo parte, como asesora de la delegación gubernamental, ¿se siente tildada por este Gobierno?
No me doy por aludida. La llamada Política de Paz con Legalidad no es otra cosa que una versión aguada y poco integral del Acuerdo. La supuesta justificación del calificativo “con legalidad” consiste en que el Gobierno no acepta que quienes se acogieron a este proceso vuelvan a actividades criminales. Pero la verdad es que en el propio texto de lo acordado, ya había quedado establecida la pérdida de todos los beneficios para quienes volvieran a delinquir como en los casos Santrich y Márquez. Lo paradójico es que el problema no es el incumplimiento de quienes se acogieron al proceso, que son solo el 7 %, según las cifras oficiales. El problema real de legalidad es la falta de autoridad de este Gobierno para enfrentar los inmensos retos de seguridad territorial que existen por la presencia de nuevos grupos armados y del crimen organizado.
¿Cree que la administración Duque no ha sido capaz de mantener la “legalidad” que alega ni la seguridad en el país, eje político de su mentor, Álvaro Uribe?
Es correcto. Una de las cosas más sorprendentes de esta administración es que, a pesar de ser de derecha, ha fracasado, de manera contundente, en su política de seguridad.
Precisamente, entre los problemas de desarrollo del Acuerdo de Paz, el más grave es el de la matanza de excombatientes y, además, la de líderes sociales, veedores ambientales y de derechos humanos. ¿Cree que la firma del Acuerdo exasperó tanto a una parte de Colombia que terminó, también, exacerbando otra guerra soterrada?
Reitero: la explicación está en la falta de liderazgo civil para poner en marcha una política de seguridad territorial adecuada al nuevo escenario operacional. Durante el proceso de negociación logramos la tasa más baja de homicidios en 40 años: los secuestros disminuyeron en 70 %, los ataques a la infraestructura en 81 % y los asesinatos de miembros de la Fuerza Pública en 92 %. Pero una vez las ex-Farc iniciaron su paso hacia las zonas transitorias para la dejación de armas, el sector estatal de Defensa no puso en marcha una estrategia para copar esos espacios. El resultado es que entre 2018 y 2020 crecieron los homicidios de líderes sociales en 29 %, las masacres en 175 %, los accidentes de minas antipersonales en 144 % y los desplazamientos en 24%. Urge poner en marcha cuanto antes una reforma en materia de seguridad que nos permita recuperar su efectividad y la confianza de la ciudadanía.
Cita usted cifras sobre fracasos en la implementación e incremento en violencia. Alguien puede decir que son sesgadas ¿Cuáles son sus fuentes?
En el Congreso hemos hecho un ejercicio de seguimiento a la implementación del Acuerdo en el marco del proyecto Del Capitolio al Territorio que es multipartidista. Todas las cifras que cito, están plasmadas en ocho informes que hemos publicado a lo largo de estos tres años y que se han obtenido después de contrastar la información que nos ha dado el mismo gobierno, con los objetivos establecidos en el Acuerdo y con la información que nos han entregado las comunidades en las 26 visitas territoriales que hemos hecho a los lugares más afectados por la guerra.
Reitero: la explicación está en la falta de liderazgo civil para poner en marcha una política de seguridad territorial adecuada al nuevo escenario operacional. Durante el proceso de negociación logramos la tasa más baja de homicidios en 40 años: los secuestros disminuyeron en 70 %, los ataques a la infraestructura en 81 % y los asesinatos de miembros de la Fuerza Pública en 92 %. Pero una vez las ex-Farc iniciaron su paso hacia las zonas transitorias para la dejación de armas, el sector estatal de Defensa no puso en marcha una estrategia para copar esos espacios. El resultado es que entre 2018 y 2020 crecieron los homicidios de líderes sociales en 29 %, las masacres en 175 %, los accidentes de minas antipersonales en 144 % y los desplazamientos en 24%. Urge poner en marcha cuanto antes una reforma en materia de seguridad que nos permita recuperar su efectividad y la confianza de la ciudadanía.
Cita usted cifras sobre fracasos en la implementación e incremento en violencia. Alguien puede decir que son sesgadas ¿Cuáles son sus fuentes?
En el Congreso hemos hecho un ejercicio de seguimiento a la implementación del Acuerdo en el marco del proyecto Del Capitolio al Territorio que es multipartidista. Todas las cifras que cito, están plasmadas en ocho informes que hemos publicado a lo largo de estos tres años y que se han obtenido después de contrastar la información que nos ha dado el mismo gobierno, con los objetivos establecidos en el Acuerdo y con la información que nos han entregado las comunidades en las 26 visitas territoriales que hemos hecho a los lugares más afectados por la guerra.
Santos reconoció, esta semana, que los procedimientos de la JEP quedaron diseñados de manera “muy engorrosa”. Justamente esta Jurisdicción ha sido blanco de las mayores críticas y odios de quienes se opusieron a la firma del Acuerdo. La JEP, de otro lado, también es la figura más respetada en el marco internacional. ¿Sus reglas de funcionamiento y sus resultados son adecuados o ella está llamada a decepcionar a quienes esperan mucho como las víctimas del conflicto?
Más allá de las reglas de procedimiento, que sin duda podrían haberse simplificado, lo importante es examinar si la JEP está cumpliendo o no con su objetivo que consiste en investigar, juzgar y sancionar a los máximos responsables de los crímenes más graves y representativos cometidos en el marco del conflicto armado. A la fecha se han sometido 9.819 excombatientes de las Farc y 3.273 miembros de la Fuerza Pública. Abrió siete macrocasos, incluyendo secuestros, falsos positivos, reclutamiento forzado de menores y el genocidio de la UP. Ha avanzado en la imputación a exmiembros del antiguo Secretariado de las Farc por los secuestros y a oficiales del Ejército por, al menos, 6.402 falsos positivos, en ambos casos, como crímenes de guerra y lesa humanidad. Por supuesto que la JEP tiene que enfrentar retos, y el más importante: demostrar que será capaz de imponer sanciones ejemplares con el fin de que los exguerilleros y los integrantes de la Fuerza Pública cumplan penas efectivas de restricción de su libertad.
Las familias que perdieron hijos, esposos, hermanos u otros parientes, en el macrocaso conocido como falsos positivos, han dicho que están decepcionadas de los resultados: muchos anuncios y declarantes, muchos militares acogidos a esa Jurisdicción, pero, cinco años después, sin ningún condenado. Y, ante todo, que no hay generales y coroneles que hayan confesado sus crímenes mientras gozan de libertad. ¿Qué les diría usted a esas familias?
El dolor de las familias víctimas es inconmensurable. Escucharlas en las audiencias que tuvimos en La Habana fue muy difícil y también aleccionador. No todas aspiran a lo mismo: unas hacen énfasis en conocer la verdad, otras, en la reparación y unas más, en la justicia. Pero todas, al unísono, insistieron en la no repetición y en el deber del Estado de ponerle fin a la guerra. La JEP ha dicho, en los casos contra miembros de la Fuerza Pública, que está construyendo de abajo arriba y que llegará a imputar los crímenes a los mayores responsables. Tengo confianza en que así será. Esclarecer las políticas y prácticas de falsos positivos y de connivencia con el paramilitarismo será fundamental para recuperar la confianza en las instituciones.
Del otro lado, también hay quejas: se le reclama a la JEP que no ha conminado a los exguerrilleros a revelar los crímenes de guerra en que incurrieron y que, en cambio, han tenido muchas ventajas. Según su análisis, ¿los exlíderes de las Farc han sido tratados de manera laxa?
Entiendo de dónde viene la crítica. A lo largo del macrocaso de secuestro hubo audiencias en las que algunos de los exmiembros de las Farc pretendieron justificar sus actos. La entonces procuradora delegada para la JEP, Mónica Cifuentes, fue muy crítica de esos episodios. Pero el auto de imputación de hechos y conductas que presentó la magistrada Lemaitre es impecable y despejó toda duda: los secuestros no fueron errores, fueron crímenes de guerra y lesa humanidad. Nunca antes los exlíderes del antiguo Secretariado habían sido imputados en esta medida. Nunca antes ellos habían reconocido su responsabilidad por tales hechos. La clave para la ciudadanía será verlos reparar a las comunidades y cumplir con sus sanciones penales, como dije, de restricción de libertad.
El Acuerdo tiene otro tipo de componentes menos visibles que la JEP, pero de enorme importancia. Por ejemplo, la devolución de las tierras a los despojados del conflicto. El programa de restitución no solo se estancó, sino que ha sido combatido desde el Congreso y ha sido torpedeado por poderes económicos y políticos. ¿Qué indican los informes que usted y su grupo han hecho?
De las más de 130 mil solicitudes de restitución de tierras despojadas, solo el 20,6 % han sido presentadas por la Unidad ante los jueces, y tan solo el 9,3 % han sido resueltas judicialmente. Esto sigue siendo mucho mejor que el ritmo que existía en los procesos de Justicia y Paz. Pero es, a todas luces, insuficiente de cara al drama de las familias que fueron expulsadas de sus tierras. Hoy, de nuevo, el peor obstáculo es el deterioro de las condiciones de seguridad territorial, que limitan el número de áreas para la restitución. Además, los esfuerzos del Centro Democrático para debilitar estos procesos han sido evidentes. La senadora Cabal presentó una reforma a la Ley de Víctimas para echar para atrás las presunciones e invertir la carga de la prueba.
El proyecto de la senadora Cabal, ¿tiene fuerza parlamentaria para ser convertido en ley?
Por fortuna y hasta el momento, la coalición que defiende el Acuerdo de Paz en el Congreso ha evitado que ese proyecto prospere. Lo que busca la senadora Cabal con este, es que, supuestamente, los llamados terceros de buena fe que compraron tierras en momentos muy difíciles del conflicto armado, puedan ser compensados luego de la restitución a los dueños originales. Pero la realidad es que esos terceros ya han sido protegidos por la jurisprudencia de la Corte Constitucional. Realmente, la senadora busca beneficiar a grandes propietarios de tierra que se aprovecharon de las condiciones de vulnerabilidad de los campesinos quienes se vieron forzados a vender sus tierras a precios irrisorios.
Otro programa estropeado en la etapa de supuesta reconciliación es el de sustitución de cultivos ilícitos. Santos reconoció, en otro momento, que haber creado incentivos para los campesinos que ingresaran a ese proyecto produjo un efecto perverso: muchos se habrían puesto a sembrar cultivos ilegales para recibir beneficios económicos. ¿A eso se debe el impresionante incremento en número de hectáreas dedicadas al negocio del narcotráfico como ha dicho el uribismo?
El Acuerdo de Paz traza el camino correcto a partir de la experiencia de décadas de lucha contra las drogas: a los cultivadores, oferta de desarrollo rural e integración en economías lícitas; a los traficantes, judicialización efectiva y lucha contra el lavado de activos, y a los consumidores, medidas de salud pública. Lamentablemente, la implementación del Programa Nacional de Sustitución de Cultivos Ilícitos (PNIS), desde el inicio de su implementación bajo el gobierno Santos, cambió lo establecido en el Acuerdo: en vez de concentrarse en la provisión de bienes y servicios públicos para la transformación de la ruralidad y en proyectos productivos para los cultivadores, decidió ofrecer transferencias monetarias directas que no estaban contempladas y que generaron incentivos perversos. El 95 % de las 82 mil familias cultivadoras que firmaron acuerdos individuales de erradicación voluntaria no cuentan con un proyecto productivo que les permita insertarse en una economía lícita. La ruta es recuperar el rumbo.
Pero, ¿quién lo va a hacer? Al gobierno Duque le falta tiempo y voluntad. ¿Dependeremos del gobierno que se elija el año entrante?
Me temo que sí. Quisiera creer que el Gobierno actual tiene interés en no pasar a la historia como otro más que fracasó en la política de lucha contra las drogas, pero no tengo muchas razones para ser optimista.
Y, tras cinco años de la firma, tampoco ha habido voluntad política en el desarrollo de las reformas propuestas para democratizar la participación pública. ¿Cómo ha sido su experiencia en este campo, en el Congreso?
Durante la fase de alistamiento para la implementación del Acuerdo identificamos que sería necesario tramitar 107 normas. De estas, el 35 % aún están pendientes. Esto incluye la ley de tierras y desarrollo rural, la reforma política, la ley de lucha contra el lavado de activos, el tratamiento penal especial de cultivadores, entre otras. El punto más atrasado en su desarrollo normativo es la reforma rural integral, de la que aún falta tramitar el 58 % de las normas. Durante estos tres años hemos logrado conformar un bloque multipartidista para evitar que el Gobierno y el Centro Democrático puedan impulsar reformas que afecten la implementación. Sin embargo, este bloque no ha operado para avanzar en su desarrollo normativo. Hemos logrado muy pocos avances con un esfuerzo inmenso, como la ampliación de la vigencia de la Ley de Víctimas y las 16 curules, gracias a las decisiones de la Corte Constitucional y el Consejo de Estado.
Entonces, el propósito del exministro Fernando Londoño y de su partido de hacer trizas la paz, ¿no pudo adelantarse en el 100 % o tuvo éxito?
Lo intentaron, pero entre la bancada propaz del Congreso y la comunidad internacional, logramos llevarlos a que, al menos, tuvieran que pretender que están implementando una parte del Acuerdo.
“La paz necesita más que la voluntad de un solo funcionario”
El Presidente Duque ha dicho que en tres años de su mandato, se ha implementado más el Acuerdo que lo que hizo el gobierno Santos ¿Cuál es su evaluación?
Reconozco los esfuerzos del consejero Archila pero la paz demanda mucho más que la voluntad de un solo funcionario. Lo cierto es que esta administración no ha tenido voluntad política ni capacidad para implementar seriamente el Acuerdo. Le doy unos ejemplos: de los $5.4 billones que la Casa de Nariño dice haber destinado para los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET), solo se puede comprobar la ejecución, en campo, de $414 mil millones, es decir, del 7.6%. Esto es el 2.1% de lo que tendríamos que invertir al año para avanzar en estos programas en un período de 15 años; de las 1.3 millones de hectáreas ingresadas al Fondo de Tierras, únicamente el 17.9% ha sido distribuida y solo el 0.1% ha sido entregado a campesinos sin tierra o con tierra insuficiente y el 64% de los excombatientes no tiene acceso a los proyectos productivos. Duque dice que en este cuatrienio ha habido “la mayor inversión en vías terciarias”. Sin embargo, el año pasado se cumplió solo el 9.5% de la meta. Y así, sucesivamente.
“Disfruto, incluso, si es para frenar un ‘mico’”
Usted ha anunciado que no volverá al Congreso ¿La decepcionó el Legislativo? ¿Se retira por esto o porque tiene otros planes?
Decidí no volverme a lanzar porque me hace mucha falta ejecutar políticas públicas. Ha sido un privilegio poder servir desde el Congreso. Todos los días aprendo algo y disfruto cada pequeñísimo triunfo, incluso si es solo para frenar un “mico”. Pero mi vocación de vida, lo que me hace sentir cuando llego a mi casa en la noche que vale la pena lo que hice, es contribuir a transformar la realidad de las personas que más han sufrido la guerra. Y eso no se logra a punta de debates.
¿Pretende hacer parte del nuevo gobierno?
He venido trabajando para fortalecer una opción de centro como representante del Partido Verde en el comité programático de la Coalición de la Esperanza. Creo en que una consulta de centro entre los miembros de la Coalición y Alejandro Gaviria, en marzo del próximo año, el día de las elecciones del Congreso, nos permitiría escoger una candidatura única. Nada sería más grave para materializar el Acuerdo y para evitar un tercer pico de violencia social que la incapacidad del centro de escoger un candidato único.