El Congreso aprobó el cuestionado proyecto de reforma al Código General Disciplinario liderado por la Procuraduría General.
Este Proyecto de Ley es inconveniente para el país porque le atribuye al órgano de control facultades jurisdiccionales y amplía la planta de personal de esa entidad con nuevos puestos de trabajo.
El proyecto busca que a la Procuraduría se le atribuyan más poderes para sancionar disciplinariamente a servidores públicos y pueda destituirlos o inhabilitarlos.
También se le entregan facultades extraordinarias para ampliar la planta de personal, definir los términos y formas de elección de las salas disciplinarias que se deben conformar privilegiando el mérito y la paridad de género y realizar modificaciones presupuestales para financiar los gastos de funcionamiento.
La Misión de Observación Electoral (MOE) ha advertido que lo aprobado va en contravía de lo que señala la Corte IDH, en concentrar en la Procuraduría facultades de investigación y sanción de destitución, suspensión e inhabilidad contra todos los funcionarios públicos, sean estos elegidos o no popularmente. Y añade: "el proyecto busca convertir a los procuradores en jueces, quienes tendrían el poder de abrir investigaciones, y de ser el caso, sancionar e inhabilitar a funcionarios".
A las declaraciones sobre el proyecto se sumaron, Angélica Lozano, quien afirmó que: “El proyecto que le da superpoderes a la Procuraduría es una burla al fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y genera un gasto burocrático multimillonario innecesario para un ente anacrónico, cuyas funciones ya ejercen otras instituciones públicas”.
Por otro lado, Juanita Goebertus también se pronunció y afirmó que: “Este proyecto desacata el caso Petro de la CorteIDH y derrocha el equivalente de 45.600 familias adicionales en ingreso solidario.”
Para cerrar, Katherine Miranda, no se quedó atrás y mediante un video afirmó que este proyecto de la Procuraduría, desconoce la división de poderes, es inconstitucional, genera burocracia y entra en desacato con lo ordenada por la CIDH.