Los senadores de la Comisión Segunda del Senado, Antonio Sanguino, Iván Cepeda y Feliciano Valencia, radicaron ante instancias internacionales, una solicitud de verificación de cumplimiento del Punto 4 del Acuerdo de Paz “Solución al problema de las drogas ilícitas”, teniendo en cuenta los críticos resultados que ha demostrado el Gobierno en la implementación de este punto.
Los senadores Antonio Sanguino, del Partido Alianza Verde, Iván Cepeda, del Polo y Feliciano Valencia, de Mais, enviaron este martes una carta a los verificadores internacionales y miembros de las instancias de acompañamiento del Acuerdo de Paz, solicitándoles hacer un seguimiento y verificación de la implementación del punto 4 del Acuerdo, que aborda el tema de la solución al problema de las drogas ilícitas en Colombia.
Esta solicitud se da en el marco de diferentes incumplimientos por parte del Gobierno Nacional en la implementación de este punto, demostrado por el Senador Antonio Sanguino en un debate de control político realizado hace unas semanas, en la Comisión Segunda del Senado.
Entre los incumplimientos que denuncian los congresistas se encuentra la desfinanciación intencional de este Gobierno, al Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos Ilícitos – PNIS–, la insistencia de reanudar la aspersión aérea con glifosato y la violación de Derechos Humanos que se vienen presentando en operaciones de erradicación forzada por parte de la Fuerza Pública. Y es que el Acuerdo de Paz señala que se debe priorizar la sustitución voluntaria, cosa que no ha ocurrido en el Gobierno de Iván Duque, y que por el contrario, ha desfinanciado y rezagado.
En la misiva, los senadores afirman que el Gobierno del Presidente Iván Duque sólo ha enfocado sus acciones a reportar precarios cumplimientos en lo que respecta a los Acuerdos Individuales del PNIS, pero no dice mucho de la vinculación de ninguna familia a este programa desde que inició su mandato. Además, este Gobierno ha reducido considerablemente los recursos para darle continuidad a este programa, como lo señala el informe de la Contraloría General, que confirma que en el período 2017-2019, el Punto 4 del Acuerdo de Paz registró una ejecución de $3 billones de pesos. Sin embargo, para 2020, el Gobierno solo programó 97.527 millones.
Para el senador de la Alianza Verde Antonio Sanguino, la política de lucha contra las drogas del Gobierno Duque está enfocada en la erradicación forzada y la militarización de las regiones con altos índices de violencia. “El Gobierno Nacional seleccionó unas zonas en el país denominadas ‘Zonas Futuro’, que reviven la vieja la estrategia Uribista de militarizar las regiones con cultivos ilícitos, sin ofrecer opciones alternativas a los campesinos, recrudeciendo la violencia y generando altos índices de violación a los DDHH.”
Por su parte, el senador Iván Cepeda sostuvo que el Gobierno señala que el narcotráfico prolifera, pero no implementa el Acuerdo como la única fórmula eficaz para contrarrestar en los territorios esta economía ilícita, con el desarrollo de programas que ayuden al campesinado para que pueda optar por la sustitución. “Ante el incumplimiento de todo lo acordado en el punto cuarto del acuerdo de La Habana, con relación a la sustitución de cultivos y una política y un enfoque distintos frente al narcotráfico, hemos elevado una petición a los organismos que verifican el Acuerdo para que haya una exigencia de cumplimiento al Gobierno Nacional”.
La misiva fue enviada a José Mujica Cordano, Felipe González, notables internacionales para la verificación de la Implementación del Acuerdo de Paz; António Guterres, secretario general Organización de las Naciones Unidas; Ghada Waly, directora ejecutiva de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito; y a Khalid Tinasti, secretario ejecutivo de la comisión Global de Política de Drogas.
Los congresistas esperan que esta misiva llame la atención de la comunidad internacional sobre la insistencia del Gobierno de hacer trizas el Acuerdo de Paz.
Esta solicitud se da en el marco de diferentes incumplimientos por parte del Gobierno Nacional en la implementación de este punto, demostrado por el Senador Antonio Sanguino en un debate de control político realizado hace unas semanas, en la Comisión Segunda del Senado.
Entre los incumplimientos que denuncian los congresistas se encuentra la desfinanciación intencional de este Gobierno, al Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos Ilícitos – PNIS–, la insistencia de reanudar la aspersión aérea con glifosato y la violación de Derechos Humanos que se vienen presentando en operaciones de erradicación forzada por parte de la Fuerza Pública. Y es que el Acuerdo de Paz señala que se debe priorizar la sustitución voluntaria, cosa que no ha ocurrido en el Gobierno de Iván Duque, y que por el contrario, ha desfinanciado y rezagado.
En la misiva, los senadores afirman que el Gobierno del Presidente Iván Duque sólo ha enfocado sus acciones a reportar precarios cumplimientos en lo que respecta a los Acuerdos Individuales del PNIS, pero no dice mucho de la vinculación de ninguna familia a este programa desde que inició su mandato. Además, este Gobierno ha reducido considerablemente los recursos para darle continuidad a este programa, como lo señala el informe de la Contraloría General, que confirma que en el período 2017-2019, el Punto 4 del Acuerdo de Paz registró una ejecución de $3 billones de pesos. Sin embargo, para 2020, el Gobierno solo programó 97.527 millones.
Para el senador de la Alianza Verde Antonio Sanguino, la política de lucha contra las drogas del Gobierno Duque está enfocada en la erradicación forzada y la militarización de las regiones con altos índices de violencia. “El Gobierno Nacional seleccionó unas zonas en el país denominadas ‘Zonas Futuro’, que reviven la vieja la estrategia Uribista de militarizar las regiones con cultivos ilícitos, sin ofrecer opciones alternativas a los campesinos, recrudeciendo la violencia y generando altos índices de violación a los DDHH.”
Por su parte, el senador Iván Cepeda sostuvo que el Gobierno señala que el narcotráfico prolifera, pero no implementa el Acuerdo como la única fórmula eficaz para contrarrestar en los territorios esta economía ilícita, con el desarrollo de programas que ayuden al campesinado para que pueda optar por la sustitución. “Ante el incumplimiento de todo lo acordado en el punto cuarto del acuerdo de La Habana, con relación a la sustitución de cultivos y una política y un enfoque distintos frente al narcotráfico, hemos elevado una petición a los organismos que verifican el Acuerdo para que haya una exigencia de cumplimiento al Gobierno Nacional”.
La misiva fue enviada a José Mujica Cordano, Felipe González, notables internacionales para la verificación de la Implementación del Acuerdo de Paz; António Guterres, secretario general Organización de las Naciones Unidas; Ghada Waly, directora ejecutiva de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito; y a Khalid Tinasti, secretario ejecutivo de la comisión Global de Política de Drogas.
Los congresistas esperan que esta misiva llame la atención de la comunidad internacional sobre la insistencia del Gobierno de hacer trizas el Acuerdo de Paz.