El segundo eje le da toda la importancia que merece a las variables de desarrollo y medio ambiente,en un mundo que enfrenta un proceso irreversible de calentamiento global que llegó para quedarse.

El modelo de desarrollo productivo del país se soporta en los sectores agropecuario, industrial, de inversiones mineras y de producción de energía, los cuales demandan un uso intensivo de los recursos naturales, ocasionando altísimos costos ambientales. Las actividades e inversiones han sobre utilizado algunos de los recursos naturales sin contemplar  la  sostenibilidad  de  sus  actividades,  transformando  el  uso  del  suelo, poniendo en peligro la soberanía y seguridad alimentaria, la salubridad pública, el patrimonio natural y fomentando las injusticias ambientales sobre la población más vulnerable, que es desplazada hacia las áreas de mayor riesgo agravando las condiciones de exclusión social.

Los conflictos ambientales que más nos están afectando son la creciente deforestación, la destrucción y la contaminación de las fuentes hídricas y especialmente el cambio climático, fenómeno global que nos impone como tarea, adaptar el modelo de desarrollo económico y de ocupación del territorio. La minería a cielo abierto, propio de la locomotora minera del actual gobierno, es un riesgo ambiental y social de inmensas proporciones.

Con  claridad  expresamos  que  minería  puede  haber,  pero  no  así.  No  minería  que destruya zonas ambientales estratégicas como los Páramos y los acuíferos Tampoco minería que desplace a miles de campesinos que labran la tierra y producen alimentos.

El Estado está en la obligación de apoyar el acceso de tecnologías limpias y el mejoramiento integral de la calidad de vida de las comunidades afros   e indígenas y pequeños mineros tradicionales.

El modelo productivo sostenible y sustentable para el país debe organizarse de modo que conserve la realidad que destaca a Colombia como el territorio más rico del mundo en biodiversidad por metro cuadrado, que posee el 18% de las aves del mundo, 10% de los insectos, el cuarto lugar en el mundo en disponibilidad de agua por unidad de superficie y es uno de los primeros en biodiversidad marina de arrecifes coralinos, praderas y manglares submarinos. 

Lo ambiental debe dejar de ser un relleno en los programas de gobierno y convertirse en la prioridad a la que estamos obligados con las presentes y futuras generaciones.

El tercer eje hace referencia a la soberanía nacional en el actual modelo de desarrollo y de internacionalización de nuestra economía.  Se debe privilegiar la agregación de valor y la generación de empleo de los empresarios y trabajadores nacionales. Mercado si, pero claramente regulado por el Estado. 

Vemos con enorme preocupación los resultados que empiezan a producir los tratados de libre comercio que como religión han firmado los gobiernos recientes. Con una revaluación del peso como la que tenemos y no logramos superar, es cada día más rentable importar en vez de producir en el país y dada la vigencia de tratados de libre comercio, se vuelve imposible tomar las medidas de restricción de importaciones que la situación aconsejaría en defensa del interés nacional. 

Creemos indispensable revisar y renegociar los tratados de libre comercio firmados en los últimos años. 

Así mismo, se hace indispensable una política de desarrollo rural, industrial y productivo que produzca la mejora de la productividad de nuestros empresarios, especialmente los pequeños y los medianos. Esa mejora de la productividad no podemos dejarla solamente sometida al ácido de la competencia.

El cuarto eje es el logro de la paz, empezando por ponerle fin al conflicto armado que atraviesa nuestro país desde hace 64 años. El conflicto colombiano en esencia tiene dos características: es histórico y es rural. Histórico porque podemos afirmar que, a diferencia del resto de países latinoamericanos, la última guerra del siglo XIX en Colombia tuvo lugar a la mitad del siglo XX. Vivimos aún hoy un conflicto interno que tiene sus orígenes en la violencia entre liberales y conservadores que comenzó en 1948. Es necesario que ese conflicto llegue a su fin.

Después de la entrada en vigencia de La Constitución de 1991, desaparecieron los argumentos que podrían esgrimirse para justificar la lucha armada, pues se puso en vigencia una institucionalidad que da espacios para la búsqueda de alternativas de acceso al poder político usando las vías pacíficas. No ha desaparecido la necesidad de cambios políticos, económicos y sociales, pero existen hoy los espacios para buscar esas transformaciones sin recurrir al uso de las armas. Así lo demuestra la experiencia en América Latina, donde hoy se llega al gobierno ganando las elecciones. Ya no hay espacio ni posibilidades para la victoria de un alzamiento armado.

La paz debe llegar preferiblemente como resultado de una negociación política. Quienes imponen condiciones que hacen imposible la negociación, están ocultando que una prolongación del conflicto causará dos millones de víctimas nuevas y costará 3 puntos más del Producto Interno Bruto en los próximos diez años. Una negociación exitosa abreviaría el conflicto y ahorraría vidas, sufrimiento y un montón de dinero. Por eso apoyamos los diálogos con las FARC en la Habana, hacemos votos porque lleguen a buen puerto. Apoyamos también las conversaciones con el ELN. Si se logran acuerdos de paz con ambos grupos guerrilleros, habrá terminado la etapa del conflicto armado de origen político en el país y comenzará una nueva etapa histórica.

El nuestro, además de histórico, también es un conflicto rural. La base social básica de los alzados en armas reside en el campo, donde están las mayores desigualdades de nuestra sociedad. Por eso la importancia enorme del desarrollo rural integral, especialmente en las regiones aisladas y marginadas del país, donde habitan los campesinos más pobres y faltos de oportunidades. 

Apoyar el acceso de los campesinos a las tierras, la modernización de las actividades agropecuarias, el aumento de la producción alimentaria, así como el desarrollo de acciones que impacten en la disminución de los costos de producción, transformación y comercialización de los productos. Facilitar el acceso a asistencia técnica integral, a infraestructura vial, a los mercados, a apoyos económicos, a créditos y a nuevas tecnologías. En el sector rural es donde la desigualdad es más profunda y es un tema de agenda que el país debe abordar con prioridad. Ella debe asimismo lograr el reemplazo de los cultivos de uso ilícitos por alternativas legales. Esa política de desarrollo rural ayudará a conseguir la paz y a consolidarla una vez lograda.

Nos preocupa la débil preparación del post conflicto especialmente en sus componentes de desarrollo territorial en los departamentos donde se sitúan los 200 municipios de mayor intensidad del conflicto. Sin un mecanismo que conduzca a que no haya ni un guerrillero desarmado sin una vinculación concreta a la reintegración, ni una hectárea de donde se desarmen los guerrilleros sin una presencia integral del Estado, lo logrado puede ser transitorio y como dice el bolero, permitir “que otro ocupe tu lugar”, como lo ha mostrado la experiencia de los últimos 23 años de desmovilizaciones. 

Víctimas y sus derechos a la Justicia, la verdad, la reparación, la no repetición. Justicia Transicional, derechos humanos, políticas de reinserción que funcionen. Mecanismos de Refrendación y cumplimiento de los acuerdos.

El quinto eje habla de la necesidad de volver realidad la prevalencia del interés general sobre el particular en un país que, desde siempre, ha sido dirigido por poderosos grupos minoritarios que, con diversos esquemas a lo largo de la historia, desde la dominancia de los terratenientes en los primeros años de la independencia hasta el llamado modelo neoliberal en las últimas décadas, ha mantenido el Estado al servicio de intereses particulares. 

Esta alianza tiene como fundamento la defensa y el fortalecimiento de lo público como base del Estado Social de Derecho y en el marco de la Constitución Política de 1991. 

No compartimos el creciente proceso de entrega al sector privado de las empresas y responsabilidades del Estado, ni tampoco ponerla en manos clientelistamente de los grupos políticos, que es otra forma de privatización. Reivindicamos el papel del Estado en la garantía de la prestación de los servicios públicos. 

Es necesario robustecer la participación ciudadana en las decisiones de los asuntos públicos, implementar la planeación y la presupuestario participativa. Consideramos que la democracia participativa es una condición indispensable para dar transparencia al ejercicio de las funciones públicas. 

Se requiere una reingeniería profunda de la política y del sistema electoral. Es esencial la expedición de un estatuto de la oposición como lo manda la Carta del 91. Asimismo, debe conformarse un Consejo Nacional Electoral donde las minorías tengan espacio y reglamentar claramente el acceso de todos a los medios de comunicación. 

Por otro lado, estamos convencidos de que la corrupción socava la legitimidad de las instituciones públicas, atenta contra la sociedad, el orden ético y la justicia, así como contra el desarrollo integral de nuestro pueblo.

La relación directa y personal entre los electores y los elegidos en los cuerpos colegiados, es la base de un clientelismo desaforado que está en la base de la mala calidad de la política colombiana. Ello debe modificarse a fondo. Es una alta prioridad del momento en que vivimos.

Transparencia total es uno de nuestros lemas principales.  Para ello el impulso y fortalecimiento a mecanismos ciudadanos y estatales que garanticen la transparencia total en la administración de los dineros públicos, por parte de los funcionarios estatales. Fundamental el desarrollo de una cultura por la transparencia, la ética, y la defensa de lo público.

 Sociedad Civil, Propendemos por una sociedad civil autónoma, organizada, densa y articulada.