No Más asesinatos ni intimidaciones contra nuestras lideresas y líderes sociales en el país.

Los más afectados por el flagelo de la violencia son poblaciones indígenas, campesinos, afrocolombianos y líderes/as comunales de zonas rurales la Colombia profunda que agoniza y el Gobierno Nacional no ha actuado de manera oportuna para salvaguardar la vida de los más vulnerables.
 
Es alarmante el incremento violento contra dirigentes sociales y políticos en Colombia. A la fecha, 23 de julio de 2020, se han denunciado 138 asesinatos de líderes/as sociales y para el 2018, hubo un incremento con el total de 155 asesinatos de líderes/as sociales. La causa común es contra aquellos que han defendido sus territorios después de la firma del acuerdo de paz, así como la sustitución de cultivos ilícitos.

Los más afectados por el flagelo de la violencia son poblaciones indígenas, campesinos, afrocolombianos y líderes/as comunales de zonas rurales la Colombia profunda que agoniza y el Gobierno Nacional no ha actuado de manera oportuna para salvaguardar la vida de los más vulnerables.
Uno de los departamentos más afectados es el Cauca, seguido por Antioquia, Valle del Cauca, Bogotá, Cesar, Norte de Santander y Nariño. Estos departamentos tienen características comunes; algunos se encuentran en zonas en las que hay un alto movimiento de narcotraficantes, paramilitares, extracción minera y hacen parte de la reincorporación de integrantes de las FARC.

Para el 2019 se registraron 124 asesinatos y el Gobierno Nacional se jactó de decir que habían disminuido hasta un 47% las cifras de asesinatos de líderes sociales entre enero y octubre de ese año. Sin embargo, dichos análisis resultaron falsos y no vemos que se esté presentando una mejoría de la violencia contra nuestros defensores de los derechos humanos.

Producto de estos crímenes atroces, se gestó el Paro Nacional 21N que, inicialmente pretendía hacer un llamado a la protección de nuestros líderes/as sociales. Sin embargo, el descontento generalizado de la ciudadanía sumó sus voces de rechazo frente a situaciones de orden social, económico, ambiental y de seguridad, exigiéndole al Gobierno Nacional medidas que mitigaran la desigualdad extrema y falta de oportunidades en Colombia.

Colombia se hizo sentir con diversos cacerolazos, generando un impacto de atención y de alerta por parte de la comunidad internacional. Las manifestaciones se prolongaron para llegar a algún acuerdo con el Gobierno Nacional. Sin embargo, surgió la pandemia por COVID-19 y la crisis para superarla ha hecho que los colombianos centren su atención en sobrevivir.
 
Para el 2020 el panorama no es alentador, INDEPAZ registró 138 asesinatos de líderes/as sociales, así como las muertes violentas de 25 personas ex combatientes de la paz y 6 que eran cercanos a algún líder social. En total son 169 asesinatos en el primer semestre del 2020. Una cifra, que, a pesar de la pandemia, ha ido aumentando en comparación con los años anteriores.

De los 138 asesinatos, 4 líderes sociales y políticos pertenecían al Partido Alianza Verde, entre ellos están: Jhonatan Borja, candidato a la alcaldía de Candelaria en el Valle del Cauca e Iván Giraldo, candidato al concejo del mismo municipio; asesinados el 30 de enero del 2020. Jeovanny Oliveros de Cunday Tolima el 11 de febrero de 2020. Y Jorge Ortiz, ex candidato a la alcaldía y docente quien el pasado 16 de junio de 2020 fue asesinado en el departamento de Bolívar.

Sumado a ello, la amenazas contra nuestros dirigentes verdes han aumentado, recientemente nuestra edilesa en Cartagena Arinda Rosa Gándara recibió amenazas contra su integridad y vida.

Instamos al Gobierno Nacional para que tome medidas oportunas que protejan la vida de los activistas y líderes sociales en el país, los índices de desapariciones, desplazamientos y asesinatos contra la población activa en política y trabajo social han aumentado, sin que exista una política clara de protección a sus vidas, que garantice el ejercicio pleno y seguro de sus actividades en pro de una mejor sociedad y país.

Hacemos un llamado a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la Defensoría del Pueblo y las instancias de protección de la vida, para que insistan al Gobierno del Presidente Duque tomar medidas contundentes y urgentes en materia de seguridad y acompañamiento en los territorios, así como dar con los responsables de los cientos de asesinatos y desapariciones sistemáticas en el país.   
 
Al unísono la Alianza Verde dice ¡NO MÁS ASESINATOS CONTRA NUESTROS LÍDERES/AS SOCIALES! La vida es Sagrada.

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