¡INFORMACIÓN IMPORTANTE!
Este espacio de comunicación no representa necesariamente la posición del Partido Alianza Verde frente a los temas publicados, por eso, cada publicación cuenta con la foto del autor más un correo de contacto para que envíen su retroalimentación al creador del texto.
Por Antonio Sanguino
Líderes Verdes
Sitio Web oficial
Líderes Verdes
Sitio Web oficial
Buena parte de la verdad paramilitar quiso ser extraditada a Estados Unidos por el presidente de la época, Álvaro Uribe Vélez. Y sin tiquete de regreso. En efecto, aprovechando los vacíos jurídicos del Tratado de Extradición que le otorgaba un gran poder discrecional en su uso, Uribe entregó, entre el 2006 y 2009, 30 jefes desmovilizados de las Autodefensas Unidas de Colombia a las autoridades norteamericanas.
Cuando en la madrugada del 13 de mayo del 2008 anunció que enviaba a EEUU 14 jefes ex paras, entre los que estaban Mancuso, Jorge 40 y Don Berna, el Presidente Uribe demostró que poco le importaba desconocer el artículo 93 de la Constitución Nacional que ordena la prevalencia de los tratados y convenios de derechos humanos en el derecho interno.
Cuando en la madrugada del 13 de mayo del 2008 anunció que enviaba a EEUU 14 jefes ex paras, entre los que estaban Mancuso, Jorge 40 y Don Berna, el Presidente Uribe demostró que poco le importaba desconocer el artículo 93 de la Constitución Nacional que ordena la prevalencia de los tratados y convenios de derechos humanos en el derecho interno.
Su “jugadita” consistía en dejar la verdad de las víctimas a voluntad de los ex paramilitares extraditados y no convenir la deportación de los extraditados a Colombia una vez cumplieran sus condenas en EEUU. Ni siquiera acordó prohibir la concesión de asilo o refugio de estos al término de sus penas en el país del norte. Más adelante, en el 2010, la Corte Suprema de Justicia dejó en evidencia la perfidia uribista con las víctimas, cuando frenó la extradición de “Diego Vecino” aclarando en el Proceso de Radicado No 32568 que “(…) los delitos imputados en Colombia son de mayor gravedad frente al cargo de narcotráfico que sustenta la solicitud de extradición…”.
Pero nunca se imaginó Uribe que perdería el poder y mucho menos que a su retorno habría de por medio un acuerdo de paz con las FARC cuyo sistema de verdad, justicia, reparación y garantía de no repetición puso a las víctimas en el centro de la agenda política. Ni que el Congreso de la República expidiera una Ley de Víctimas que las empoderaró en sus reclamaciones ante instituciones y operadores de justicia. Jamás pensó que existiría una vigorosa oposición política y una poderosa movilización ciudadana en favor de la paz y los derechos humanos. Ni que varios de los ex paras extraditados por retaliación hacia quien los traicionó, o por sincero acto de contrición, estuviesen dispuestos a contribuir a una verdad que lo pondría en tela de juicio junto con su entorno de empresarios y socios políticos.
La deliberada laxitud uribista en la extradición de la jefatura paramilitar se complementa ahora con la información contradictoria que entrega el Ministerio de Justicia sobre la situación o paradero de quienes tienen obligaciones con la justicia colombiana y con quienes padecieron su actuación criminal. Peor aún, se agrava con equivocaciones deliberadas para impedir su regreso y de nuevo aplazar sus esperadas verdades.
La Cancillería informa que han sido deportados 12 paramilitares, dos de ellos en el Gobierno Duque: Carlos Mario Jiménez, alias “Macaco” y Rodrigo Tovar Pupo, alias “Jorge 40”. Aún no sabe porque no llegó junto a Jorge 40, Eder Pedraza Peña “Ramón Mojana”. Mientras tanto las víctimas contemplan impotentes que Juan Carlos Sierra, alias “Tuso Sierra” y alias“Pablo Sevillano” se quedaron con la verdad y en libertad en EEUU o que Diego Fernando Murillo, alias “Don Berna”, se niega olímpicamente a comparecer a las audiencias virtuales de justicia y paz.
Aberrante ha sido la conducta del Gobierno respecto a la extradición o deportación aún pendiente de Salvatore Mancuso. Cuatro fallidas solicitudes de extradición, la última negada porque los documentos no estaban debidamente traducidos al inglés, y dos deportaciones en vilo autorizadas por las autoridades migratorias norteamericanas, una a Italia con quien no tenemos tratado de extradición y otra a Colombia, dejan un sabor de engaño al país y a sus víctimas. Más aberrante aún que el propio Ministerio de Justicia reconozca que no tiene ni idea de qué pasó o dónde están 8 de los extraditados: Jhon Eiderlber Cano Correa, alias“Flechas”; Fredy Castillo Carrillo, alias “Pinocho”; Huber Anibal Gomez Luna, alias “Mello rico”; Álvaro Antonio Padilla Redondo; Jhon Alexander Posada Vergara, alias “Jhony Cano”; Héctor Ignacio Rodríguez Acevedo, alias “Nacho” y José Gregorio Terán Vasquez, alias “El pipón”.
Si el Presidente Iván Duque quiere honrar a las víctimas y demostrar que no tiene un doble rasero en este asunto, debe garantizar el retorno de todos los extraditados. Los que están extrañamente “extraviados” y los que aun están en las cárceles de EEUU. Debe traerlos con sus verdades sobre los 8.902 asesinatos selectivos, las 1.166 masacres, los 1000 niños reclutados y las 800 mil hectáreas de tierras despojadas, pero principalemente con la verdad sobre los entramados criminales, económicos y políticos que forjaron en todo el país. Garantizar que esa verdad extraditada sí tiene tiquete de regreso.
