Libertad de prensa

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Catalina Ortiz
Representante a la Cámara
Líderes Verdes

Al Gobierno pareciera no importarle. En 2019, la Fundación para la Libertad de Prensa (Flip) registró 76 violaciones a la libertad de prensa relacionadas con el cubrimiento de manifestaciones sociales y en lo corrido de 2020 la cifra ya asciende a 55. A esto se suma el asesinato del reportero Abelardo Liz el 13 de agosto de este año y el exilio de los periodistas Eduardo Manzano, Fransua Martínez y Alexander Cárdenas, pero insisto, al Gobierno pareciera no importarle.
Lo digo, porque al debate de control político sobre libertad de prensa no asistió ni de manera presencial ni remota ninguno de los seis ministros que fueron citados. Tampoco lo hicieron el Contralor, el Defensor del Pueblo, el Fiscal, el Procurador y el Alto Consejero para las Comunicaciones de la Presidencia, quienes también habían sido invitados al debate.

En la mayoría de los casos no asistieron y delegaron a alguien más, como si los asesinatos y hostigamientos a periodistas, los seguimientos ilegales, la extralimitación en el uso de la pauta oficial y la falta de acceso a contenido local en 60% del país no fueran un problema de primer nivel que debe ser atendido por las cabezas de los ministerios competentes. Por eso se levantó el debate.

Y es que no íbamos a hacer un control político con quienes no pueden tomar decisiones, no íbamos a hacer un debate que tiene una señal clara por parte del Gobierno de que este tema no le interesa. De hecho, inicialmente había sido citado para el 18 de noviembre y se había aplazado entendiendo que los ministros debían atender la emergencia en Providencia por cuenta del Huracán Iota.

No hay memoria de que en el Congreso se haya hecho un debate sobre libertad de prensa en Colombia. Por eso, en esta oportunidad, quería centrarme en las extralimitaciones de la pauta oficial, que de acuerdo con la Flip es el segundo factor más determinante en causar censura y autocensura en el periodismo.

Si bien la publicidad oficial es una herramienta legítima e importante para la comunicación entre los gobiernos y la ciudadanía, pues tiene el objetivo de informar y promover oferta institucional, derechos, deberes y atender situaciones de emergencia; también puede ser usada por el Gobierno para limitar la libertad de prensa y, apoyada en su enorme músculo financiero, premiar el silencio y castigar la crítica.

El poder de la pauta oficial es enorme y ejerce una presión económica sobre noticieros, emisoras, diarios y periodistas, especialmente en los medios regionales donde representa un porcentaje importante de sus ingresos. A través de la contratación directa de contenidos se compromete la línea editorial de los medios y se presenta como información periodística lo que en realidad es información oficial. Estamos ante un clima que favorece la censura.

En este debate, en concreto, queríamos mostrar cómo la Presidencia de la República ha abusado de los usos legítimos de la pauta oficial con promoción y autopromoción de funcionarios, contratación directa y derroche de recursos, entre otros.

Quiero disculparme con los que estaban esperando este control político, especialmente con los periodistas y los medios de comunicación. Seguimos con el compromiso de hacer este debate, pero, ante todo, de levantar la voz por la libertad de prensa en Colombia. Esta es una conversación que no se debe seguir aplazando.

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