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Catalina Ortiz
Representante a la Cámara
Líderes Verdes
Durante los últimos meses hemos sido testigos de discusiones, algunas basadas en evidencia y otras más primadas por matices políticos, sobre el tipo de renta de protección social al que debemos evolucionar en Colombia. Lo cierto es que más allá de las posiciones encontradas, hay un consenso en cuanto a que se necesita un nuevo modelo de subsidios para la población más vulnerable.
La pandemia del Covid-19 nos demostró lo importante que es la data y el sistema de subsidios existentes y a la vez puso al descubierto las limitaciones que tiene, por lo que se hace necesario evolucionar con las lecciones aprendidas a un nuevo sistema.
En el país los primeros subsidios condicionados se implementaron en el 2000 cuando se creó la Red de Apoyo Social con programas como Familias en Acción, Empleo en Acción y Jóvenes en Acción, entre otras, para hacer frente al impacto de la crisis económica de 1999 que aumentó la tasa de pobreza a 64% y que la red de subsidios ayudó a contrarrestar.
El choque económico ocasionado por la pandemia trajo nuevamente con fuerza a la conversación nacional el debate sobre la idoneidad de las redes de protección social en Colombia para garantizar que se cubran las necesidades básicas en pobreza, salud y atención a la vejez, especialmente ante una coyuntura como la actual. Es claro que debemos evolucionar, porque el modelo que tenemos actualmente es deficiente y está lejos de ser perfecto.
De acuerdo con Fedesarrollo, el 52% de los hogares pobres está siendo excluido de las transferencias y ayudas directas del Estado. Así mismo, más de la mitad de los gastos en subsidios (60%) fueron destinados a población no pobre. Al igual que los auxilios de servicios públicos que representan 0.5% del PIB y son destinados en su mayoría (81%) a población no pobre. Esto demuestra severos problemas de focalización y la necesidad de depurar las bases de datos.
La evolución de los programas sociales pasa por pensarnos cuál debe ser su mejor forma de expansión. Podría ser aumentando la cantidad de dinero transferido, ampliando el número de población que los recibe o un poco de ambos. Bienvenida la discusión sobre la mejor focalización de los programas sociales o la posibilidad de unificar todos en una única renta básica universal o semi-universal.
Sin duda hay que discutir si tenemos el recaudo necesario para pagar un aumento y de qué tamaño en los subsidios. Otro elemento de la discusión es el condicionamiento de las transferencias. ¿Debemos seguir con unas transferencias que se condicionan al cumplimiento de ciertas actividades por parte de los beneficiarios o es más eficiente moverse hacia pagos sin condicionamiento?
El Covid-19 en Colombia nos deja, entre otras consecuencias, con un poco más de 4 millones de hogares en la pobreza y 1.6 millones de hogares que están en una clase media precaria, luchando por no caer en la pobreza y sin capacidad de enfrentar un shock económico.
Debemos aprovechar que ha ido surgiendo un consenso acerca de la necesidad de mejorar nuestras redes de protección social para fortalecer la economía y apoyar la salida de la crisis económica; pero especialmente para que nadie caiga o se mantenga en pobreza absoluta, gracias a tener una red de apoyo a la población vulnerable lo más eficiente posible.
