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11 de septiembre 2020
Jessica Avella
Concejala de Yopal Casanere
La frágil apuesta de la prosperidad en América Latina se enmarca en una palabra: Fracking. Según las previsiones de la Agencia Internacional de Energía, Estados Unidos está a dos pasos de recuperar el liderazgo perdido cinco décadas atrás. El país norteamericano pasó de una producción ralentizada durante varios períodos a producir casi 10 millones de barriles diarios, la razón, el fracking; la extracción de gas de esquisto mediante fracturación hidráulica que permite obtener gas o petróleo de yacimientos no convencionales.
Esta técnica ha modificado de forma radical la geografía económica, física y ambiental de los territorios, ha causado una disrupción gigantesca en los precios del barril y ha generado multitud de preocupaciones por las consecuencias generadas a la salud púbica, al medio ambiente, al sector agropecuario, a la estabilidad climática, la cohesión comunitaria, la seguridad pública, la estabilidad sísmica y la viabilidad económica a largo plazo por la volatilidad de los precios del petróleo.
Sin embargo, la ilusión de prosperidad pro Fracking no fue ajena a las consecuencias económicas de la pandemia COVID-19, la cual evidencio que, si bien el sector creció, su rendimiento económico no tuvo el mismo éxito, golpeando los precios del petróleo al punto de caer por primera vez por debajo de cero, es decir, que, pese a la acelerada producción de barriles diarios, las afectaciones económicas salieron a flote con la misma velocidad de su expansión, sin dejar a un lado las consecuencias sociales y ambientales de su producción.
Según el Compendium of Scientific, Medical, and Media Findings Demonstrating Risks and Harms of Fracking, elaborado por profesionales de la salud de Estados Unidos, concluye que los daños causados por la fractura hidráulica no pueden ser evitados con regulación sino con su prohibición. El compendio reúne más de 500 publicaciones académicas, artículos de investigación periodística y reportes del gobierno norteamericano sobre los impactos del fracking; los principales riesgos y daños identificados son:
“En la salud pública con afectaciones, entre otros, como disrupciones endócrinas, malformaciones, problemas respiratorios y cáncer dada la contaminación del aire, el uso excesivo y la alarmante contaminación del agua, las emisiones radioactivas; sismos inducidos por la disposición de las aguas de retorno, impactos de la infraestructura asociada, así como los riesgos en la seguridad y el aceleramiento del cambio climático”, concluyó Sandra Steingrabe, coautora del compendio.
Con la experiencia en Estados Unidos y los precios del petróleo en caída libre, hemos visto el futuro y no funciona, la historia y la filosofía nos ha enseñado que esta se repite, la primera vez como tragedia, y la segunda, como farsa. Colombia es un país rico en agua, biodiversidad, hidrocarburos y minerales, lo que lo convierte en un territorio altamente atractivo y en uno de los países más importantes para la exploración de hidrocarburos en Latino América.
Aún así, Colombia no es un país rico en reservas de petróleo, al menos las cifras oficiales indican reservas por 6.3 años, lo que corresponde a 2.036 millones de barriles de petróleo, significa entonces que en el año 2027 tendremos al menos un barril de petróleo para extraer, lo que trae como consecuencia obligada menos recursos para las regiones productoras y no productoras girados a través del Sistema General de Regalías -SGR-.
¿Regalías? Sí, hablar de Fracking en Colombia, nos exige entender la dinámica de las regalías petroleras, que según el SGR son, “el pago que realizan las compañías petroleras al Estado colombiano por explotar los yacimientos de petróleo, un recurso natural no renovable, dicho de otro modo, que se extingue en el transcurso del tiempo”. Y bueno, ¿cómo se distribuyen entonces los recursos que se perciben en contraprestación a la explotación de nuestros recursos no renovables? Fácil, midiendo la pobreza de las regiones.
Los departamentos y los municipios receptores son medidos por el porcentaje de población en situación de pobreza según el criterio de NBI (Necesidades Básicas Insatisfechas) más el desempleo.
Los departamentos y los municipios receptores son medidos por el porcentaje de población en situación de pobreza según el criterio de NBI (Necesidades Básicas Insatisfechas) más el desempleo.
Lo curioso del sistema, es que, aunque no somos un país rico en petróleo, hemos actuado y vivido como si lo fuéramos, en especial en las regiones productoras. En la región de la Orinoquía, desde el año 2012 a la fecha se han invertido $10 billones 429 mil millones de pesos en regalías petroleras, ejecutados a través de 2.324 proyectos de inversión por valores promedios de $4.487 millones de pesos cada uno. Para el caso específico de Casanare, mi departamento, se han invertido $2.7 billones de pesos a través de 686 proyectos con valores promedio de $4 mil millones de pesos.
$2.7 billones ejecutados en los últimos 8 años en Casanare, le daría a entender al lector que acá se logró reducir la pobreza, las brechas sociales, la reducción de las NBI y el desempleo, lastimosamente ¡NO! Si analizamos las cifras se logra observar no una reducción, sino una constante del número de habitantes en condición de pobreza, así mismo, la región de la Orinoquía pese a los $10 billones 429 mil millones de pesos, el promedio de pobreza es del 40.4%, demostrando así, la falsa ilusión de la riqueza, la ineficiencia en la decisión del gasto, la corrupción en su máxima expresión y la profunda pobreza que como región productora vivimos, ¡ojo! sin contar los múltiples daños ambientales a nuestro ecosistema y a la cultura de nuestra gente a causa de la industria petrolera.
Puedo decir sin temor a equivocarme, que el petróleo es la falsa ilusión de riqueza, hemos suspendido en el tiempo grandes decisiones de inversión hacia nuevos modelos de desarrollo sostenibles y sustentables en el tiempo, sin tener que mal gastar la riqueza que nuestro subsuelo y de nuestra gente. Si los métodos actuales de extracción convencional de petróleo han sido un generador de territorios de sacrificio, que vuelca sobre los más vulnerables los pasivos ambientales, que extingue pueblos indígenas, que destruye la biodiversidad y que causa asesinatos de lideres sociales, no quiero imaginar lo que pasaría con la llegada del Fracking a Colombia; tal vez, una guerra civil sangrienta que crearían la ruina económica y un sufrimiento humano sin precedentes, además de causar el fracaso del Estado.
Aunque la historia se repite y los mismos grupos continúan dominando la economía y la política durante las últimas dos décadas, incluso cuando han sido cuestionados, nuestra generación tiene una nueva responsabilidad, no caer en esos círculos viciosos, de usar la legislación y las instituciones para eliminar un desarrollo agrícola sostenible. La ciencia debe prevalecer sobre la política, todos los estudios evidencian que las regulaciones no pueden evitar ni mitigar los daños causados por esta técnica. La única vía para que los daños no se produzcan es prohibir el fracking en Colombia.
Tenemos únicamente seis años para generar una “transición justa” que nos permita tomar decisiones correctas, seis años para lograr la transición de un Estado extractivita y dependiente de los hidrocarburos, a la industrialización agrícola a través de nuevas tecnologías para la generación de energías renovables y no convencionales, apostando al turismo de naturaleza y al talento de nuestra gente. ¡LEGISLEMOS PARA LA VIDA!