Así lo hizo saber el cabildante Daniel Duque mediante su cuenta de twitter, tras audiencia de imputación contra la funcionaria comprometida aparentemente en actos de corrupción.
¿Qué pasó en la audiencia de imputación?
¿Qué pasó en la audiencia de imputación?
"Hoy, la ciudad, vuelve a estar en el medio de la discusión pública el Programa Buen Comienzo. Y, esta vez, por la imputación de los cargos de Contrato sin Cumplimiento de Requisitos Legales y Peculado en contra de Alexandra Agudelo, Lina María Gil y Henry Paulison Gómez".
En la audiencia que fuera convocada por la Fiscalía se tenía pensado, además, solicitar una medida de aseguramiento en contra de los hoy imputados. Sin embargo, por el poco tiempo que restaba para terminar el horario del juzgado, se convocó para el próximo lunes 13 de febrero de 2023 a las 2:30 para que la Fiscalía sustente la petición de aseguramiento, de traslado de las pruebas y, luego de escuchar a la defensa, debería decidirse si conceden, o no, la medida solicitada. De la imputación, es importante destacar que:
PRIMERO: El eje central del cargo de Celebración de Contratos sin cumplimiento de requisitos legales está centrado en haber escogido a dedo a Colombia Avanza cuando, a juicio de la Fiscalía, se ha debido hacer, cuando menos, una selección abreviada o una licitación pública. Dentro de los múltiples argumentos, quedó claro que, para la Fiscalía, el proceso de contratación estuvo hecho a la medida de Colombia Avanza, tal como lo denunciamos en su momento.
A criterio de la Fiscalía, entre Alexandra Agudelo, Lina María Gil y Henry Paulison Gómez hubo una división de trabajo criminal con el propósito de darle apariencia de legalidad a un contrato que atenta contra los principios de la contratación estatal.
En parte de esta división del trabajo, quedó en evidencia el interés de favorecer a Colombia Avanza al certificar una bodega que no era de ellos y estaba contratada por el Inder y, en particular, haber considerado que Colombia Avanza podía asumir la ejecución del contrato cuando, en realidad, no tenía capacidad técnica, administrativa ni financiera para ejecutar los contratos encomendados.
SEGUNDO: En el caso del Peculado, la Fiscalía considera que, en este caso, hay dos momentos en los que se materializa este delito y, cada momento, corresponde a un contrato diferente con Colombia Avanza.
En un primer momento, la Fiscalía considera que el peculado por apropiación ocurrió por los sobrecostos en el contrato asignado durante la emergencia sanitaria a Colombia Avanza. Allí, la Fiscalía utilizó los mismos argumentos que nosotros presentamos sobre las canastas de alimentos y cómo, al fijar los precioso globales, escondían productos con sobrecostos de aproximadamente 800 millones de pesos. Así mismo, hubo sobrecostos de cerca de 140 millones de pesos en unos paquetes alimentarios que, debiendo ser entregados por Colombia Avanza, fueron contratados y entregados por Plaza Mayor a través de otro contrato.
En el segundo momento, la Fiscalía considera que el peculado fue en modalidad de tentativa y respecto de un segundo contrato que no fue pagado, sino parcialmente. Respecto de este punto, se precisó que hubo la intención de apropiarse del valor contratado que, según la Fiscalía, asciende a 4 mil millones de pesos. El común denominador de estas dos acusaciones, es la presunta existencia de un acuerdo criminal para apropiarse de recursos públicos, una presunta desviación de poder para favorecer los intereses de Colombia Avanza quién, además, no contaba con la capacidad para ejecutar el contrato y la existencia de sobrecostos durante la ejecución.
Mensaje:
Durante la audiencia de imputación, los abogados defensores, así como las bodegas Quinteristas, se han centrado en descalificar la claridad de la Fiscalía.
Sin embargo, la misma juez de control de garantías explicó que, en casos de contratación estatal, las imputaciones suelen ser complejas. Y, a pesar de la complejidad, consideró que el acto de imputación se realizó en debida forma e, igualmente, precisó que la Fiscalía tendría una oportunidad de aclarar su actuación durante la audiencia de acusación.
Ese intento desesperado de opacar una discusión compleja contractual, pretende desviarnos de lo fundamental: A esta administración se le enjuicia por haber direccionado e inflado la contratación de la comida de los niños y niñas más vulnerables de Medellín. Le entregaron el contrato a una entidad que era cercana a su grupo político, una entidad que no tenía la capacidad técnica y que terminó utilizando infraestructura a disposición de las entidades del conglomerado para suplir sus propias falencias e, incluso, habría acreditado entregas que, inicialmente estaban a su cargo, con actividades hechas por el Distrito a través de Plaza Mayor.
Ya es hora de asumir la responsabilidad política por los hechos que el Distrito hoy conoce.
La Secretaria tiene que renunciar y hacer frente a su juicio. El distrito y sus niños y niñas, no merecen una servidora pública que, ahora, debe centrar sus energías en enfrentar su juicio.
Escrito por: Concejal Daniel Duque
