Bogotá, 25 de marzo de 2026
Colombia da un paso clave en protección animal: el Gobierno reglamentó la Ley 2374 de 2024, conocida como #LeyEsterilizarSalva, iniciativa liderada por nuestra senadora Andrea Padilla.
Fue publicada la Resolución 0229 de 2026, mediante la cual se reglamentan las condiciones para la implementación del Programa Nacional de Esterilización Quirúrgica de perros y gatos, creado a través de la Ley 2374 de 2024.
Esta normativa establece los lineamientos técnicos, sanitarios y operativos que orientarán el desarrollo de las jornadas en todo el país, marcando un paso clave para la ejecución de esta política pública, con el objetivo de reducir la sobrepoblación animal, prevenir el abandono y fortalecer la salud pública y la convivencia en los territorios.
El programa permitirá a las entidades territoriales implementar estas jornadas de acuerdo con sus capacidades operativas y la disponibilidad de recursos, lo que implica una ejecución progresiva que dependerá del respaldo financiero en cada región.
La senadora destacó que se trata de una herramienta clave con enfoque de salud ambiental, que reconoce la conexión entre humanos, animales y entorno. Asimismo, subrayó que el control poblacional de perros y gatos es una apuesta estratégica dentro de un modelo de salud preventiva.
La reglamentación también fija criterios de priorización, enfocándose en las poblaciones más vulnerables: animales en condición de calle o vida libre; mascotas de personas en situación de calle, recicladoras o migrantes; perros de manejo especial; animales con enfermedades como tumor venéreo transmisible (TVT), leucemia o inmunodeficiencia felina; y aquellos bajo el cuidado de fundaciones y hogares de paso.
Además, el programa adopta un enfoque integral que reconoce el vínculo humano–animal, incluyendo acompañamiento antes y después de los procedimientos, así como estrategias de educación para promover la tenencia responsable.
El objetivo central de la ley es consolidar la esterilización como una herramienta efectiva para prevenir el abandono, reducir el maltrato animal y mitigar los riesgos en salud pública asociados a la sobrepoblación de perros y gatos.
Por ahora, el país avanza en los tiempos administrativos y financieros necesarios, mientras organizaciones animalistas y autoridades locales insisten en que el siguiente paso es claro: que la política deje el papel y se convierta en acciones reales en los territorios.
