La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) entregó un informe al Estado colombiano, después de haber visitado el país y hablar con diferentes actores políticos y sociales para verificar la situación de derechos humanos en medio del paro nacional.
El organismo centró sus preocupaciones en el uso desproporcionado de la fuerza; la violencia basada en género en el marco de la protesta; la violencia étnico-racial; la violencia contra periodistas y contra misiones médicas; las irregularidades en los traslados por protección; y en el uso de la asistencia militar.
En el documento, la CIDH describe la existencia de un clima de polarización en Colombia que se relaciona de forma directa, tanto con la discriminación estructural étnico racial y de género, como con factores de carácter político. También asegura que este fenómeno está presente en diferentes sectores sociales y se manifiesta en discursos estigmatizantes que a su vez propician un acelerado deterioro del debate público. La Comisión Interamericana encuentra especialmente preocupante estos discursos cuando provienen de autoridades públicas.
También destaca que los problemas económicos, sociales y políticos del país se han visto exacerbados debido a las necesarias medidas de contención y atención de la pandemia por COVID-19, las cuales, al igual que en otros países, han causado un gran impacto al bolsillo de los ciudadanos y han alterado la política.
Para el organismo internacional resulta extremadamente preocupante el alto número de muertes y personas lesionadas durante las manifestaciones, así como las graves denuncias de personas desaparecidas, casos de violencia sexual y la utilización de perfilamiento étnico-racial.
La CIDH recomienda un diálogo social entre los diferentes actores involucrados en las protestas y que las conversaciones tengan un enfoque territorial, sean amplios e inclusivos, de forma que involucren a las y los jóvenes, a las personas indígenas y afrodescendientes, a las mujeres, a la comunidad LGBTI, a las personas en situación de pobreza, a las personas mayores, a las personas con discapacidad, a las víctimas de violaciones de derechos humanos, entre otros.
Algunos datos preocupantes
De acuerdo con cifras del Estado, en 2020 se registraron 53 asesinatos de personas defensoras de derechos humanos, mientras la Oficina de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de Naciones Unidas (OACNUDH) reportó 133 asesinatos, 10 contra dicho colectivo en ese mismo periodo. Por otra parte, el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (INDEPAZ) registró 310 homicidios de personas con liderazgo social y defensoras de los derechos humanos durante 2020. Adicionalmente, la Misión de Verificación de las Naciones Unidas en Colombia constató el asesinato de 73 firmantes del Acuerdo de Paz en ese mismo año.
La CIDH dice en su informe que la fuerza pública, en especial el Escuadrón Móvil Antidisturbios de la Policía Nacional (ESMAD), constituye "una amenaza seria y actual para quien pretenda salir a movilizarse para expresar pacíficamente sus opiniones, porque su actuar lejos de ser aislado, es constante y refleja una permanente agresión individualizable en el marco de las protestas".
También recordó, citando jurisprudencia de la Corte Interamericana, que “la seguridad ciudadana no puede basarse en un paradigma de uso de la fuerza que apunte a tratar a la población civil como el enemigo, sino que debe consistir en la protección y control de los civiles” y que el Estado debe limitar al máximo la participación de fuerzas militares en tareas de seguridad interna.
Principales violaciones a los derechos humanos observadas
La Comisión manifiesta su preocupación por las inconsistencias en las cifras registradas por las distintas entidades del Estado y los números reportados por la sociedad civil, principalmente en relación con víctimas fatales y personas desaparecidas en el marco de la protesta social.
La CIDH considera que estas inconsistencias pueden generar desconfianza de la ciudadanía en las autoridades. Por esta razón, el organismo le pide al Estado mantener un registro de información consistente, actualizado y público, con participación de la sociedad civil; así como transparencia sobre los criterios utilizados en las investigaciones y sus avances respectivos.
Adicionalmente, la falta de información fidedigna en el marco de las protestas genera un obstáculo en el acceso a la justicia de las personas que alegan ser víctimas de violaciones de derechos humanos. En cualquier escenario, la dimensión de las cifras reflejadas en los distintos reportes, en términos de pérdidas de vidas humanas, resulta de extrema preocupación para la Comisión y la condena de manera enfática.
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