Representante Mauricio Toro radica queja disciplinaria con presidente Duque y Ministros por no radicar a tiempo proyecto para proteger derechos de trabajadores digitales.

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Según el Representante la medida fue tomada porque el Gobierno incumplió lo dispuesto en el artículo 205 del Plan Nacional de Desarrollo (Ley 1955 de 2019), el cual ordenaba al Gobierno Nacional presentar al Congreso, un proyecto de ley que reglamentara los derechos de los trabajadores de las aplicaciones y plataformas digitales, incluyendo sus derechos a salud y pensiones, antes de un año desde la promulgación del PND. 
Por incumplir disposiciones de Plan Nacional de Desarrollo, Congresista Mauricio Toro radicó queja disciplinaria contra el Presidente Iván Duque y cuatro ministros, por no presentar un proyecto de ley al Congreso sobre protección social de trabajadores de plataformas tecnológicas dentro del plazo previsto en la ley.

El Representante a la Cámara Mauricio Toro, de la Alianza Verde, ha interpuesto una queja disciplinaria contra el Presidente Iván Duque ante la Comisión de Investigación y Acusación; y otra queja disciplinaria ante la Procuraduría General de la Nación contra los Ministros de Salud, Trabajo, Telecomunicaciones y Hacienda, por incumplir lo dispuesto en el artículo 205 del Plan Nacional de Desarrollo (Ley 1955 de 2019), el cual ordenaba al Gobierno Nacional presentar al Congreso, un proyecto de ley que reglamentara los derechos de los trabajadores de las aplicaciones y plataformas digitales, incluyendo sus derechos a salud y pensiones, antes de un año desde la promulgación del PND.

El Artículo 205 del Plan establece que el Proyecto de Ley debía radicarse “dentro del año siguiente a la promulgación de la presente ley”, la cual fue publicada en el Diario oficial el 25 de mayo de 2019, y por lo tanto, el plazo máximo para cumplir con esta responsabilidad era el 25 de mayo de 2020. El Representante Toro ha declarado que “No fue un capricho de los Congresistas incluir este artículo en el Plan Nacional de Desarrollo, sino que atiende a una necesidad urgente y a un enorme problema laboral que representa los miles de trabajadores que actualmente trabajan para todo tipo de plataformas digitales como Rappi o Uber, solo por mencionar algunas. Estos trabajadores dependen económicamente de estas plataformas, pero se encuentran en una total desprotección legal pues no son reconocidos como trabajadores, y por lo tanto, en su gran mayoría no están afiliados al Sistema de Seguridad Social, Salud y Pensiones. Esto es una bomba de tiempo y es muy grave que el Gobierno no le otorgue esa importancia. De forma preocupante han incumplido una obligación legal dada por el Plan Nacional de Desarrollo”.

Efectivamente el Plan establece en su artículo 205 que “Dentro del año siguiente a la promulgación de la presente Ley, el Gobierno nacional presentará al Congreso de la República un proyecto de ley que definirá la forma de vinculación correspondiente de los actores del sector y el acceso y aporte a la seguridad social integral para las personas que presten sus servicios a través de las aplicaciones y plataformas tecnológicas”. Dicho plazo venció el 25 de mayo de 2020, por lo cual el Presidente y los Ministros de Trabajo, Salud, Hacienda y Telecomunicaciones ahora se exponen a una investigación disciplinaria y sus correspondientes sanciones, de acuerdo con el Código Disciplinario Único (Ley 734 de 2002).

El Representante Mauricio Toro radicó en 2019 un Proyecto de Ley de Protección al Trabajo Digital, pero ante lo dispuesto por el Plan Nacional de Desarrollo, se esperaba que antes de un año el Gobierno realizara los estudios sectoriales y caracterización para diseñar un Proyecto de Ley que abarcara todos los fenómenos laborales y sociales de este tipo de plataformas digitales. Por lo pronto, el Congresista Toro ha declarado que ante la inoperancia del Gobierno, “volveremos a radicar nuestro Proyecto de Protección al Trabajo Digital el 20 de julio, cuando inicia la nueva legislatura en el Congreso, en una versión mejorada y concertada, después de haber realizado varias Mesas Técnicas con expertos y representantes tanto de las distintas plataformas como de los trabajadores, con la colaboración del Instituto de Ciencia Política Hernán Echavarría (ICP) y la Cámara Colombiana de Comercio Electrónico durante el primer semestre de 2020. Es una irresponsabilidad que el Gobierno que tanto anuncia su apoyo al comercio electrónico y a las plataformas, no haya cumplido un mandato legal, manteniendo en una desprotección legal preocupante a miles y miles de trabajadores digitales que hoy en día arriesgan su vida ante la crisis del COVID con tal de tener un ingreso económico para sus familias”. Concluye el Representante Toro.

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