Llamado a la CIDH para garantizar los derechos de todos en Bogotá

La concejal de Bogotá Lucía Bastidas hizo un llamado de urgencia a la CIDH – Comisión Interamericana de Derechos Humanos, con el fin de revisar los casos de violaciones de derechos humanos que se han suscitado en el marco de los bloqueos y el vandalismo de las manifestaciones por el Paro Nacional en pleno pico de la pandemia contra los ciudadanos que no hacen parte de la protesta, contra misiones médicas y contra la Fuerza Pública.

En una carta dirigida a la presidenta de la CIDH, Antonia Urrejola, la concejal, evidenció hechos y cifras preocupantes sobre la vulneración de los derechos fundamentales y colectivos de residentes, comerciantes, estudiantes, personal médico, funcionarios y transportadores que durante 40 días han sido objeto de intimidaciones, extorsiones, heridas, limitación en su movilidad, destrozos en sus viviendas o barrios, por parte de manifestantes.
 
“Bogotá está en alerta roja, los insumos no están llegando por los bloqueos y hay desabastecimiento grave de oxígeno, elemento vital para salvaguardar la vida de los pacientes no solo por coronavirus sino por otras enfermedades que también requieren atención inmediata. Aquí la alternativa no puede ser otra que impulsar medidas para la protección de la vida y hacer un llamado generalizado a que quienes insisten en mantener las protestas, respeten entonces a las misiones médicas, los vehículos de emergencia y a quienes transportan provisiones para el sector salud que por semanas han sido atacados, heridos e intimidados. Hemos vivido más de 40 días marcados por la violencia, el vandalismo, las amenazas y los bloqueos”.
 
Y añadió: “Con la pandemia, ya la ciudad estaba en crisis. Alcanzamos casi un millón de desempleados y el 31% del comercio formal cerró sus puertas por la quiebra, cada día se generan pérdidas en el comercio por 50.000 millones de pesos; y además del déficit de TransMilenio, el principal modo de transporte en Bogotá, se suma daños por vandalismo en el sistema por casi $20.310 millones; el hambre y la pobreza se manifestaron con trapos rojos en las ventanas de las zonas más vulnerables e incluso alcanzando a la clase media, hogares a los que no llegaron ayudas durante las cuarentenas, y menos ahora, cuando el foco de atención se centra en controlar a los manifestantes y abrir el espacio público para sus campamentos, y no, como debería ser, para atender a esos ciudadanos que han caído en desgracia con la emergencia del Covid”.
 
En la misiva, la concejal rechazó los actos de abuso policial y aseguró que deben sancionarse; pero además, condenó los hechos de agresión contra ciudadanos, enfermeras, paramédicos y policías que según dijo, han sido agredidos por el simple hecho de portar un uniforme e indicó que una muestra de que las protestas están infiltradas, hecho que debe investigarse también, es que a nivel nacional han sido incautadas más de 40 mil armas en las concentraciones del Paro.
 
“Condeno el abuso policial y con la misma vehemencia, la violencia con la que ha sido atacado el personal médico que es detenido en ambulancias, requisado, robado y golpeado así como sus vehículos; y también los miembros de la Fuerza Pública en el legítimo ejercicio de su deber, cuando controlan los disturbios, cuando intentan detener a quienes dañan la infraestructura, queman buses, acaban con las estaciones, a esos que roban y saquean, o hieren a otros. Evidencia de la violencia, son las más de 40 mil armas incautadas a personas en el Paro. Hoy en Bogotá tenemos el lamentable registro de más de 377 civiles y 389 uniformados heridos en el marco de las manifestaciones. En el caso de la Policía, efectivos lesionados por piedras, elementos incendiarios, ‘bombas molotov’ e incluso acoso sexual y sometidos a insultos constantes por custodiar y eso también constituye discriminación”.
 
Renglón seguido, la cabildante del partido Alianza Verde le solicita a los representantes de la Comisión que promuevan el llamado a garantizar los derechos y el bienestar de todos los ciudadanos, esas mayorías de ciudadanos en Bogotá que esperan recuperarse de la crisis que ya del Covid-19, pero que ahora enfrentan a los vándalos y otras acciones de violencia dentro de las aglomeraciones constantes y esperan que la institucionalidad responda y los proteja.
 
“Bogotá no aguanta más, no se puede postergar una crisis que hace semanas debió controlarse sin tanta permisividad para esa minoría que daña a la mayoría que clama por una protesta pacífica, sin bloqueos, sin vandalismo, sin amenazas, con espacio público para todos. Desde la institucionalidad se promueve el discurso de odio,  alentando constantemente los actos de violencia que ocurren en medio de las marchas y que casualmente tienen lugar en los sitios de concentración. Insisto en que toda vida debe respetarse y cada derecho debe ser garantizado, sea cual sea la situación. Así como los ciudadanos reconocemos que el país necesita reformas estructurales y que los acuerdos se construyen con base en el diálogo y la concertación, con la voz de todos; también entendemos que no se gana más, destruyendo o agrediendo al otro”, concluyó.
 
En su llamado, en nombre de decenas de comunidades en las zonas más afectadas, que por semanas han elevado sus quejas ante el Concejo de Bogotá, porque sus parques han sido invadidos, porque los amenazan por cruzar un bloqueo o encapuchados que les cobran peajes ilegales en sus propias calles para llegar a su hogar, Bastidas solicitó un llamado de intervención de la CIDH como un recurso adicional para retomar el orden público e instar a los entes competentes a actuar en favor de la ciudadanía y sus derechos.

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