Desde el Congreso, proponen Debate de Control Político para exigir avances en la implementación de la Política Pública Nacional LGBTI, que lleva 2 años engavetada por este Gobierno

En Audiencia Pública convocada por los Representantes a la Cámara por el Partido Verde Mauricio Toro y Jorge Gómez del Polo, y a la que asistieron más de 20 organizaciones nacionales, entidades y representantes de la comunidad LGTBI,  se evidenció la falta de articulación y la forma errada en que este Gobierno está manejando la implementación de la Política Pública Nacional LGBTI, decretada desde el 2018. A la fecha, no se conoce un cronograma, ni el enfoque territorial amplio y diverso que requiere, ni mucho menos el presupuesto para que su cumplimiento sea una realidad en pro de la protección de los derechos fundamentales a la igualdad, dignidad y vida libres de violencia.

Bogotá, Agosto 14 del 2020 (Oficina de Prensa Representante Mauricio Toro) Desde el Congreso, Mauricio Toro, el primer Representante a la Cámara abiertamente homosexual, exige al Gobierno Nacional, en cabeza del Ministerio del Interior que cumpla con la obligación legal que le impone el Decreto 762 y que fue reiterado por un fallo de tutela:

“Después de escuchar al Director de la Dirección de Derechos Humanos del Ministerio del Interior en esta Audiencia, se evidencia la forma errada y la manera afanada para salir del paso por implementar la Política Pública LGBTI, las omisiones para implementarlo continúan y se constituyen en una grave vulneración de los derechos a las personas con identidades de género y orientaciones sexuales diversas en el país. Por ello, es urgente poner las alarmas para construir entre todos una política pública con enfoque territorial amplio y diverso y que entienda puntualmente cada uno de los sectores, con el presupuesto que requiere para su implementación final”.

Para los participantes de las organizaciones LGTBI, la adopción de la Política Pública LGBTI se constituye en una de las herramientas más poderosas para que este Gobierno salde la deuda histórica con una población a la que sistemáticamente se le vulneran sus derechos al acceso a la salud, la justicia, la educación, al trabajo y a la inclusión, entre otros.

Por ello le exigen al Gobierno que el Plan de Acción y la conformación del grupo técnico para el monitoreo y avance, incluya una articulación interinstitucional y transversal, que adopte mecanismos y procedimientos de la más alta calidad con referentes internacionales, con un cronograma de trabajo de conocimiento público,  donde se incluya cuándo, cómo y con quiénes y sobre todo dónde van a estar los énfasis territoriales y sectoriales, para que se garantice no solamente salvar vidas, sino los derechos que hoy son sistemáticamente vulnerados por el Estado y muchos de sus funcionarios.
 
“La discriminación que se da en los territorios es muy preocupante y si esto no se construye en territorio, si no se escuchan a los actores desde el territorio, el Gobierno cometería un error garrafal, que para nosotros no puede ser permisible en el diseño de esta Política Pública LGTBI, porque hoy la brechas que hay entre la sociedad de acuerdo a nuestra entidad requieren tomarse de una manera supremamente seria”. Afirma el Representante Toro.

Otro de los puntos más álgidos e importantes que todos resaltaron fue la importancia de definir y contar con el presupuesto y los recursos económicos para su implementación, pues de lo contrario se quedaría en el papel.

Por su parte, la Defensoría del Pueblo alertó sobre el incremento en los casos de violencia física, sexual y sicológica contra personas gays y transgénero y reiteró la necesidad frente a que es necesario que el Gobierno Nacional desarrolle acciones concretas para implementar la política pública LGTBI y para prevenir la violencia:

“La Defensoría del Pueblo considera que este instrumento normativo se configura como una de las conquistas jurídicas y políticas más importantes de la población LGTBI en Colombia, ya que es el resultado del reconocimiento progresivo de sus derechos. Nos comprometemos a seguir avanzando en la garantía y promoción de los derechos de las personas LGTBI haciendo seguimiento especial al cumplimiento de las obligaciones contenidas en el decreto 762 del 2018”, manifestó Jorge Enrique Calero, Vice Defensor del Pueblo.
 
Por último, el Representante Mauricio Toro, anunció debate de Control Político para que el Gobierno cumpla con una obligación legal para que el país pueda avanzar en la protección, igualdad y garantía de los derechos de la población LBTGI: “Esta política pública no se puede construir sobre opiniones o creencias y mucho menos desde un escritorio en Bogotá,  esto requiere de una visibilización, de un diálogo abierto, de una participación ciudadana suficiente, porque debe construirse con altos estándares de calidad que reflejen la problemática y que adopte las mejores prácticas internacionales con la mejor evidencia disponible”

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