Según la nueva directiva del Ministerio de Defensa, los ciudadanos podrán solicitar un permiso especial para portar armas toda vez que ya tengan la autorización de llevarlas, y que no posean antecedentes en la SIJIN, DIJIN, Fiscalía y en el Registro Nacional de Medidas Correctivas; asimismo, a esto se suman una serie de trámites que, según el concejal del Partido Alianza Verde Jorge Torres, son accesibles a cualquier persona. “Un panorama extremadamente preocupante si lo que se busca es mantener la convivencia pacífica en nuestro país”.
Adicionalmente, la decisión de otorgar permisos para portar armas está en manos de un comité evaluador conformado sólo por militares, y no hay ninguna autoridad civil o experto en psiquiatría o psicología que dé su punto de vista en las solicitudes de porte especial.
Y no siendo todo lo anterior suficiente, lo más grave aún es que, en Colombia según el Ministerio de Defensa, hay 339.160 personas naturales que tienen permiso de porte de armas, una cifra escandalosa si tenemos en cuenta que el pie de fuerza militar en el país para el año 2017 era de 237.876 uniformados efectivos de acuerdo a cifras de la Contraloría General de la República.
“Así las cosas, tenemos más ciudadanos armados que militares activos y, a pesar de esto, el Ministerio de Defensa ahora quiere aumentar el número de personas que portan armas argumentando falsamente que con este nuevo proceso es más difícil tener un arma legal; sin embargo, es imposible aceptar dicha interpretación”, agregó el concejal Torres.
Y es que los registros son contundentes: solo entre 2016 y 2018 se presentaron 33.000 casos de muertes por lesión con arma de fuego en el país, y en Bogotá, durante el 2018, el 51,6% de los homicidios fue por esta misma causa; razones de peso para creer que “armar a los ciudadanos es aumentar los indicadores de violencia, homicidio y lesiones personales con arma de fuego.”
De igual manera, encuestas como la de Cultura Ciudadana 2018 muestran que la justificación para usar la violencia pasó de un 52% en 2016 a un 32% en 2018 en Bogotá, lo que muestra claramente que la directiva del Ministerio de Defensa va en contra de esta buena tendencia.
Finalmente, para el cabildante Jorge Torres es reprochable que ante estas cifras el gobierno nacional decida otorgar permisos especiales para portar armas, “no hay justificación alguna, y sin duda se pone en riesgo la seguridad, la convivencia y la vida de todos, cuando incluso tenemos hoy en Bogotá una tasa de 12,4 homicidios por cada 100.000 habitantes, la cifra más baja en 25 años; definitivamente poner armas en manos de los ciudadanos es ir contra del principio que profesa: la vida es sagrada.”
