¡La vida es Sagrada!: día mundial de la justicia social

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Desde el 2008 las Naciones Unidas definió el 20 de febrero como el día mundial de la Justicia Social. En este día se evoca la importancia de reconocer “que el desarrollo social y la justicia social son indispensables para la consecución y el mantenimiento de la paz y la seguridad en las naciones y entre ellas, y que, a su vez, el desarrollo social y la justicia social no pueden alcanzarse si no hay paz y seguridad o si no se respetan todos los derechos humanos y las libertades fundamentales”.

Es por esta razón, que hoy, 20 de febrero del 2021, dedicamos un homenaje a todas las víctimas de la nueva ola de violencia que está enfrentando nuestro país. A la fecha, se han presentado 23 asesinatos contra nuestros líderes sociales; también han asesinado a 9 personas reincorporadas a la sociedad civil y, lamentablemente, se han presentado 13 masacres que le han apagado la vida a 43 colombianos.

Es necesario recalcar que sólo han pasado 2 meses del 2021 y tenemos un total de 79 víctimas fatales de la ola de violencia que afecta a los territorios más ignorados por el Estado. Pero, el panorama sigue siendo más desalentador cuando vemos las cifras del 2020.

El año pasado, a 310 líderes sociales les arrebataron la vida; 113 de ellos eran indígenas que abogaban por los derechos de su comunidad; 91 eran campesinos que defendían sus derechos y 33 eran líderes comunales de diferentes zonas del país. El departamento más afectado por el asesinato contra líderes sociales fue Cauca, seguido de Nariño y Antioquia.

Por otro lado, a 64 personas reincorporadas a la vida civil también fueron asesinadas y el departamento más afectado por esta violencia fue Meta, seguido de Putumayo y el Chocó. A estas cifras, se suman también las masacres. Para el 2020, se presentaron 91 que dejaron un total de 381 personas asesinadas y los departamentos más afectados por estos hechos violentos fueron Antioquia, Cauca y Nariño.

Este año estamos repitiendo la historia, el departamento más afectado con el asesinato de líderes sociales ha sido Antioquia, seguido de Valle, Cauca y Tolima. En cuanto a los territorios más afectados frente al asesinato de personas reincorporadas, el mayor número se lo lleva también Antioquia y frente a las masacres, Antioquia se sigue llevando el primer puesto seguido de, Cauca y Valle.

Desde el 2020, mediante nuestro copresidente vocero Antonio Navarro Wolff y la bancada del Partido Alianza Verde, hemos insistido en que el Gobierno debe hacer Presencia Integral del Estado en todo el territorio nacional, y, esta debería ser una prioridad tras la coyuntura que se ha venido presentando en nuestro país.

No hemos cambiado de posición y desde la bancada de congreso, hemos solicitado al Ministerio de Defensa replantear su política de seguridad nacional porque a estas atroces cifras, se suma el abuso policial que se ha venido presentando en las diferentes protestas que exigen derechos fundamentales.

Es por esto que en debate de control político a Carlos Holmes Trujillo nuestros representantes le exigieron resultados eficaces. Por ejemplo, el Representante a la Cámara por Bogotá Inti Asprilla enfocó su intervención en los ciudadanos que fueron víctimas de violencia policial y el papel que tomó el ministro frente a estos casos. “Yo no logro entender cómo una persona que hizo parte del proceso constituyente pisotea de esa manera la Constitución”

A estas voces se suma Katherine Miranda, quien pidió una reforma estructural en la Policía Nacional y, además, hizo un llamado al presidente Duque. “Apoyar a los militares, a los soldados, a los patrulleros no es disfrazarse de Policía e ir a darle palmaditas en la espalda en un CAI; hay que hacer unas reformas estructurales importantes”.

Es necesario recalcar que sólo han pasado 2 meses del 2021 y tenemos un total de 79 víctimas fatales de la ola de violencia que afecta a los territorios más ignorados por el Estado. Pero, el panorama sigue siendo más desalentador cuando vemos las cifras del 2020.

El año pasado, a 310 líderes sociales les arrebataron la vida; 113 de ellos eran indígenas que abogaban por los derechos de su comunidad; 91 eran campesinos que defendían sus derechos y 33 eran líderes comunales de diferentes zonas del país. El departamento más afectado por el asesinato contra líderes sociales fue Cauca, seguido de Nariño y Antioquia.

Por otro lado, a 64 personas reincorporadas a la vida civil también fueron asesinadas y el departamento más afectado por esta violencia fue Meta, seguido de Putumayo y el Chocó. A estas cifras, se suman también las masacres. Para el 2020, se presentaron 91 que dejaron un total de 381 personas asesinadas y los departamentos más afectados por estos hechos violentos fueron Antioquia, Cauca y Nariño.

Este año estamos repitiendo la historia, el departamento más afectado con el asesinato de líderes sociales ha sido Antioquia, seguido de Valle, Cauca y Tolima. En cuanto a los territorios más afectados frente al asesinato de personas reincorporadas, el mayor número se lo lleva también Antioquia y frente a las masacres, Antioquia se sigue llevando el primer puesto seguido de, Cauca y Valle.

Desde el 2020, mediante nuestro copresidente vocero Antonio Navarro Wolff y la bancada del Partido Alianza Verde, hemos insistido en que el Gobierno debe hacer Presencia Integral del Estado en todo el territorio nacional, y, esta debería ser una prioridad tras la coyuntura que se ha venido presentando en nuestro país.
Pero, ahora resulta que presentaron una propuesta para unificar la medición del asesinato de líderes sociales, las masacres y la violación de derechos humanos. Esto, con el único objetivo de minimizar el problema y quedar bien ante la opinión pública nacional e internacional. Ante esto, nuestros senadores enviaron una carta presentando el rotundo rechazo a esta pretensión.

“Con mucha preocupación recibimos su decisión de crear una “mesa intersectorial” para unificar la información y la metodología de investigación de homicidios de líderes sociales, con un rol preponderante y fundamental de las investigaciones adelantadas por la Fiscalía General de la Nación”.
Para ir cerrando, no se puede dejar de lado el cumplimiento del proceso de paz. En este sentido, nuestra representante Juanita Goebertus, presentó su sexto informe sobre cómo el Gobierno Nacional ha venido implementando o ignorando el Acuerdo de Paz firmado con las FARC. Dentro de las principales preocupaciones se encuentran los siguientes puntos:

  1. En la subregión del Pacífico Medio, compuesta por los municipios de Buenaventura, López de Micay, Guapi y Timbiquí, el Gobierno no ha empezado a ejecutar ni una sola obra PDET y no ha aprobado ni un solo proyecto OCAD Paz.
  2. El 68% de los recursos del OCAD Paz, se están destinando a municipios que no están priorizados (municipios no PDET) y de los que se destinan a PDET, cerca de la mitad se concentra en solo 4 subregiones.
  3. Preocupa el aumento de homicidios en 3 subregiones PDET: Alto Patía y Norte del Cauca, por el recrudecimiento de la guerra en Argelia (76,4%) y El Tambo (68,3%); en Macarena- Guaviare, el aumento de homicidios fue de 362% en La Uribe, 105% en Mesetas, y 69% en La Macarena por la presencia de disidencias; y en el Sur de Bolívar, por la disputa entre las Autodefensas Gaitanistas y el ELN.
  4. El 63,9% de los excombatientes no se encontraban vinculados a un proyecto productivo desembolsado por el Gobierno y, desde el inicio del proceso de dejación de armas, hasta diciembre de 2020, 248 excombatientes han sido asesinados.

Desde la Alianza Verde seguimos insistiendo que ¡La vida es Sagrada!, un día como el de la Justicia Social no pueden pasar por alto las injusticias que están viviendo los colombianos y, como lo citamos al inicio, “el desarrollo social y la justicia social no pueden alcanzarse si no hay paz y seguridad o si no se respetan todos los derechos humanos y las libertades fundamentales”.


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