Desde el 2008 las Naciones Unidas definió el 20 de febrero como el día mundial de la Justicia Social. En este día se evoca la importancia de reconocer “que el desarrollo social y la justicia social son indispensables para la consecución y el mantenimiento de la paz y la seguridad en las naciones y entre ellas, y que, a su vez, el desarrollo social y la justicia social no pueden alcanzarse si no hay paz y seguridad o si no se respetan todos los derechos humanos y las libertades fundamentales”.
No hemos cambiado de posición y desde la bancada de congreso, hemos solicitado al Ministerio de Defensa replantear su política de seguridad nacional porque a estas atroces cifras, se suma el abuso policial que se ha venido presentando en las diferentes protestas que exigen derechos fundamentales.
Es por esto que en debate de control político a Carlos Holmes Trujillo nuestros representantes le exigieron resultados eficaces. Por ejemplo, el Representante a la Cámara por Bogotá Inti Asprilla enfocó su intervención en los ciudadanos que fueron víctimas de violencia policial y el papel que tomó el ministro frente a estos casos. “Yo no logro entender cómo una persona que hizo parte del proceso constituyente pisotea de esa manera la Constitución”
A estas voces se suma Katherine Miranda, quien pidió una reforma estructural en la Policía Nacional y, además, hizo un llamado al presidente Duque. “Apoyar a los militares, a los soldados, a los patrulleros no es disfrazarse de Policía e ir a darle palmaditas en la espalda en un CAI; hay que hacer unas reformas estructurales importantes”.
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En la subregión del Pacífico Medio, compuesta por los municipios de Buenaventura, López de Micay, Guapi y Timbiquí, el Gobierno no ha empezado a ejecutar ni una sola obra PDET y no ha aprobado ni un solo proyecto OCAD Paz.
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El 68% de los recursos del OCAD Paz, se están destinando a municipios que no están priorizados (municipios no PDET) y de los que se destinan a PDET, cerca de la mitad se concentra en solo 4 subregiones.
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Preocupa el aumento de homicidios en 3 subregiones PDET: Alto Patía y Norte del Cauca, por el recrudecimiento de la guerra en Argelia (76,4%) y El Tambo (68,3%); en Macarena- Guaviare, el aumento de homicidios fue de 362% en La Uribe, 105% en Mesetas, y 69% en La Macarena por la presencia de disidencias; y en el Sur de Bolívar, por la disputa entre las Autodefensas Gaitanistas y el ELN.
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El 63,9% de los excombatientes no se encontraban vinculados a un proyecto productivo desembolsado por el Gobierno y, desde el inicio del proceso de dejación de armas, hasta diciembre de 2020, 248 excombatientes han sido asesinados.
Desde la Alianza Verde seguimos insistiendo que ¡La vida es Sagrada!, un día como el de la Justicia Social no pueden pasar por alto las injusticias que están viviendo los colombianos y, como lo citamos al inicio, “el desarrollo social y la justicia social no pueden alcanzarse si no hay paz y seguridad o si no se respetan todos los derechos humanos y las libertades fundamentales”.
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